Lo que hemos hecho hasta hoy no funciona. Es evidente que las estrategias no son las adecuadas. Nos siguen asesinando por ser mujeres.

Es imprescindible un cambio estructural para remover y acabar con una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a despertarnos y acostarnos con noticias sobre hombres que agreden, violentan y asesinan a las mujeres. Necesitamos con urgencia un cambio educacional, como reclamamos algunos partidos, como reclaman algunos agentes sociales y en el que al menos parece que todos y todas estamos de acuerdo.

Para protegernos, para salvarnos a nosotras, a nuestras hijas, amigas y hermanas, no basta con charlas o talleres de una hora. Para rescatar a todas las que hemos sufrido violencia no es suficiente con externalizar el servicio y pasar la responsabilidad a una empresa que gestione las intervenciones o que asesore jurídicamente. Las instituciones y en concreto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están para dar respuesta a las demandas sociales, no para servir de intermediarios entre el dinero del Estado y las empresas. No es suficiente con imprimir panfletos, servilletas y posavasos que no dicen nada, pero que aseguran espacio en la prensa y en las entrevistas.

Sabemos que la Junta de Castilla-La Mancha ha externalizado el servicio de atención a las mujeres víctimas por medio de una subvención directa desde septiembre de 2018 hasta 2019, pero ¿después qué? Unas situaciones como las que sufren las mujeres víctimas de violencia y agresiones necesitan un seguimiento en el tiempo y esto no será posible después de la fecha, cuando se decida si se suspenderá o sustituirá por otra externalización.

Las instituciones no pueden hacernos creer que habrá seguimiento para, por ejemplo, casos que lleguen a mitad de 2019 ya que la subvención estará a punto de concluir, lo que revela al menos falta de compromiso y una ausencia total de interés por realizar intervenciones integrales y duraderas en el tiempo.

Cuando el Ministerio de Interior ha concluido un estudio que revela que en 2017 se presentaron un total de 3.041 denuncias por agresión y abuso sexual, con o sin penetración, contra menores de edad, es aterrador que los servicios que deben atender a las jóvenes estén saturados y en fin de semana remitan a un teléfono o un correo electrónico que no se tomará en cuenta hasta el lunes, cuando se encontrarán atendiendo un día de la semana en las capitales de provincia, dando cita previa hasta llenar el horario.

Esperamos de nuestras instituciones, de la Junta de Comunidades, del Instituto de la Mujer que se implique, que no sea el intermediario entre el dinero de la Junta y los adjudicatarios de las subvenciones. Porque nosotras creemos en las instituciones públicas, porque creemos que la Junta de Comunidades tiene muy buenos profesionales y si quisiera podría tener más, pero para la gestión prefiere dejarlo en manos de otros y de otras.

Le reprochamos desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha al Instituto de la Mujer, a la Junta de Comunidades y al Gobierno de la Nación que tan tacaños se muestran con el dinero del Pacto de Violencia de Género, en este sentido de la violencia de género. Lo que le reprochamos en el resto de actuaciones políticas es que se limite a ser un intermediario, que prefiera la externalización y la privatización de los servicios antes que remangarse y realizar la tarea desde lo público abarcando una visión integral y estructurada para actuar y educar a una generación y reeducar a varias. Porque evidentemente necesitamos nuevas herramientas, las que utilizamos no son suficientes.

Isabel Álvarez, responsable del Área de Mujer de IU CLM, y Raquel Iniesta, de Izquierda Unida de Cuenca