Desde siempre he pensado que quien se dedica a la política debe vivir la calle, debe escuchar, mirar, andar e incluso oler las calles. Es la mejor manera de oír a las personas, ver las dificultades, tropezar con los obstáculos y respirar las limitaciones y necesidades de un lugar y de sus gentes. Este es el principio de nuestras políticas: la cercanía.

En enero del año 2000 entró en vigor el traspaso de transferencias educativas. Lo que para los más conservadores supuso una ruptura del territorio, para otras y otros supuso la posibilidad de hacer una política educativa más cercana. Nuestra comunidad, como otras hicieron un poco antes, pasó a asumir las competencias en Educación.

Esta asunción de competencias supone la cercanía del Estado al pueblo. Tras veinte años hemos consolidado este modelo de participación y de implicación de la comunidad educativa, convirtiendo la educación en un sistema vertical y más democrático. Esta cercanía de los representantes políticos de la Educación hacia el pueblo supone también el avance en otros aspectos más técnicos y menos visibles pero que significan un trenzado total entre ciudadanía, sociedad y políticas educativas. La planificación educativa se adapta al territorio, por ejemplo, localizando las necesidades de una comarca y proponiendo estudios que sirvan para su desarrollo, también un control de ayudas más inmediatas a los centros educativos y al alumnado, o solucionando los problemas más rápidamente; se adapta a su gestión desde el conocimiento de los recursos, por ejemplo, la distribución del profesorado a sus centros más próximos, motivándolos e implicándolos en sus localidades; y se adapta, también, a los rasgos diferenciales de una población, por ejemplo, con programas innovadores y otorgando a los centros capacidad normativa y de decisión.

Gracias a todo ello hay una mayor supervisión de la actividad y se corrigen desigualdades y desequilibrios del sistema educativo, es decir, se busca y se consigue, en la mayoría de los casos, la eficiencia. Un concepto este último que definiría lo que ha supuesto el traspaso de las competencias educativas a las autonomías. El Estado da y las comunidades autónomas distribuyen según sus necesidades. ¿Quiénes mejor que Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos conocen esas necesidades?

Esto no quiere decir que España tenga diecisiete sistemas educativos, en absoluto. España tiene un único sistema educativo con variantes que se adaptan a la población que vive en ellas. No son sistemas educativos aislados. El Estado permanece ahí, protegiendo e inspeccionando para que todos nos encontremos en el mismo espacio educativo a pesar de que no estemos en el mismo lugar. Las variantes autonómicas son las que crean el sistema educativo español.

Este es un sistema más transparente, dinámico, de intercambio, eficaz y eficiente que busca el objetivo de una mayor calidad educativa. Eficiencia, diversidad, igualdad, calidad, entre otras, son las virtudes que, desde hace veinte años y gracias a la descentralización educativa, potenciamos y celebramos en Castilla-La Mancha.

Emiliano García-Page es presidente de Castilla-La Mancha