Aunque un año más el calendario marca 23 de junio, en mi agenda no aparece el acto de entrega de los Premios a la Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos, unos reconocimientos que anualmente hacemos coincidir con esta fecha.
Esta coincidencia tiene su razón de ser en que el 23 de junio es la fecha elegida por las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Administración Pública, una efeméride con la que remarcar los valores del servicio público en la sociedad.
Hoy el respeto a las necesarias medidas preventivas de salud pública impide la entrega de estos galardones instaurados por el Gobierno regional y que este año cumplen su novena edición, pero la aportación de lo público en nuestro país y nuestra región es más indiscutible que nunca.
Este maldito virus se ha llevado a demasiadas personas, nos ha hecho a cada uno de nosotros vivir muchos momentos de preocupación por nuestra gente y nos ha impuesto unas medidas tan restrictivas que nunca hubiéramos imaginado, pero también, como suele suceder cuando los seres humanos nos tenemos que enfrentar a dificultades, nos ha permitido clarificar qué es imprescindible.
Imprescindible ha sido la mano de un enfermero que apretaba la de nuestros familiares en la cama de un hospital cuando nosotros no podíamos hacerlo, los expedientes de regulación temporal de empleo tramitados en los servicios públicos de empleo, los viajes de los conductores del parque móvil para llevar medicamentos a centros sanitarios, la labor de desinfección llevada a cabo por agentes medioambientales y personal de GEACAM, el refuerzo que ha supuesto en los hospitales el personal de limpieza desplazado desde aquellos centros públicos que permanecían cerrados o la vigilancia de nuestras calles por las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar que se cumplían las medidas de confinamiento.
Todas estas actuaciones, esenciales sin lugar a dudas, son servicios públicos, que se prestan gracias a miles y miles de empleados públicos, ya dependan de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales.
Su indiscutible vocación de servicio público ha sido un ejemplo para toda la sociedad, además de suponer un salvoconducto de tranquilidad en instantes de especial incertidumbre.
Han demostrado con hechos lo que es evidente para los que trabajamos a diario con ellos, que es un personal implicado, responsable, proactivo y capaz de adaptarse a los cambios que la sociedad reclama. Una vez más, en esta emergencia sanitaria lo han hecho en un tiempo récord, cumpliendo en muchos casos con sus tareas rutinarias y con otras que no lo eran.
Esa extraordinaria implicación del personal ha servido además para poner en valor lo público reafirmándonos en que, cuando vienen mal dadas, es cuando hay que defenderlo con más empeño. Porque es la apuesta constante y de futuro la que garantiza que haya una sanidad pública potente cuando se necesita o que ninguna alumna o alumno se va a quedar atrás porque no cuenta con los suficientes recursos económicos cuando se hace inevitable impartir una formación a distancia.
Con esta fuerte convicción desde el Gobierno de Emiliano García-Page nos comprometemos a impulsar unos servicios públicos modernos y eficientes, que contribuyan a la cohesión social de Castilla-La Mancha y acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En 2015 nos comprometimos a que no volvería a haber recortes en esta región. Lo hemos cumplido y gracias a ello hemos podido afrontar esta compleja emergencia sanitaria en mejores condiciones. Ahora, una vez más, decimos alto y claro que mantendremos todo lo conseguido en materia de servicios públicos dando, además, todos los pasos al frente que sean necesarios.
Juan Alfonso Ruiz Molina es consejero de Hacienda y Administraciones Públicas