No se pueden resolver problemas con el mismo pensamiento con el que se crearon, es una cita de Einstein en la que se plantea identificar posibles soluciones a un problema familiarizándote con él, con el escenario en el que se va a resolver y con una ampliación del marco, perspectiva y sentido común, cuestiones todas ellas, de las que carece la Ley Celaá con respecto a su articulación para impulsar una escuela rural de calidad.

Transversalmente el planteamiento de esta ley no es útil para una gestión eficaz que haga frente a la despoblación y para llevar a cabo la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales, la consecución del Reto Demográfico y la vertebración de una parte de España que se ve a sí misma vaciada de políticas que favorezcan la reducción de desigualdades hacia el medio rural. Y es que de nuevo este gobierno cae en la incoherencia de desarrollar una ley que persigue la igualdad cuando no lo hace en una parte importante de su territorio.

La LOMLOE dedica un artículo ampliado a la Igualdad de Oportunidades en el ámbito rural y en ninguno de sus seis puntos menciona algo tan importante como la discriminación positiva hacia estos territorios y el apoyo económico para el establecimiento de convenios de colaboración público-privados que permitan garantizar el tándem tan importante para la calidad que supone el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y sin apoyo económico, los colegios rurales solo podrán ser públicos, ligados a la ideología dominante y al pensamiento único del gobierno de turno, restando oportunidades a los niños, niñas y jóvenes de estos entornos, restando calidad por la carencia de una enseñanza plural y restando oportunidades al desarrollo de los propios territorios para que posibles repobladores los elijan para vivir. Es un bien común que exista y se favorezca una buena red de centros públicos, pero para no dejar atrás a la España Rural es necesario favorecer también la implantación de una red de convenios formativos público-privados para desarrollar proyectos educativos y pedagógicos innovadores y respetuosos con las convicciones bioéticas, filosóficas, éticas y/o religiosas de las familias.

Según la Ley Celaá, por tanto y con sus intencionadas omisiones que penalizan la libertad a través de la falta de apoyo económico, la escuela rural será o pública o no será y se implantará lo que se decida al ritmo al que se mueve el elefante de la Administración cuando estamos en tiempos que necesitan agilidad en la adaptación y en los entornos. Y los repobladores que elijan vivir en un pueblo tendrán que asumir que no tienen las mismas oportunidades para la educación de sus hijos que los que elijan vivir en una ciudad y quizá decidan no realizar la transición ciudad-pueblo. Así no se hace frente a la despoblación, así no se prima la sostenibilidad y así no se ofrece una educación amplia y de marcado carácter innovador para el mundo rural.

El impulso de las políticas debe partir siempre de la detección de las necesidades de los territorios, de la búsqueda de soluciones no aplicadas anteriormente y que ya resultaron fallidas y de los valores de libertad e igualdad que marca la Constitución, mejorando lo que ya funciona independientemente de la ideología de quien se mantenga en el poder. Aplicar eso, es aplicar consenso, amplitud de visión política y generar una buena ley para nuestros hijos. Lo demás no es ley, lo demás es sectarismo y en el caso de la educación, es limitación del aprendizaje de los alumnos de acuerdo a los valores que elijan sus familias y no el Estado. No debemos rendirnos ante la Ley Celaá tampoco en nuestros pueblos, una ley que nace sin igualdad, sin libertad y sin pluralidad. Así no se hace frente a la despoblación. No nos conformemos con mínimos y avancemos todos juntos hacia el futuro de una educación digna, libre, innovadora, sostenible y de calidad para el mundo rural.

Yolanda Martínez Urbina. Concejala de Desarrollo Sostenible en Sevilleja de la Jara (Toledo)