Nuestra rica y fértil lengua castellana ofrece en sentido literal y figurado una variada gama de significados a las palabras. Tomemos como ejemplo el término “dolorosa”. Usada como sustantivo o adjetivo, identificamos la dolorosa, en primer lugar, con la Virgen de los Dolores, representación máxima del sufrimiento por la pérdida de su hijo, probablemente el mayor que puede soportar una mujer o un hombre.

Por extensión, dolorosa es la imagen o representación de la mujer de gesto doliente, como el de nuestra ministra de Igualdad, que cuando no está enfadada y regañona, nos muestra en general un aspecto doliente; aunque si somos precisos, y en eso también el español nos propone terminología suficientemente rica para ello, más bien la señora es lacrimosa o quejumbrosa, variedades menos dignas que la primera y, por qué no decirlo, más antipáticas, como la propia ministra Montero.

Dolorosa también es la cuenta o factura que entendemos excesiva, que así se denomina metafóricamente en locales variados de esta Castilla hospitalaria y sobria, que cuando realiza un exceso, asociado generalmente al consumo en establecimiento de hostelería, pide la “dolorosa” para adelantarse a la acción de “rascarse el bolsillo”, expresión también propia del acervo cultural de nuestro terruño. Y en la actualización de la metáfora, la dolorosa se nos presenta en las facturas de la luz, del gas, o en el repostaje en la gasolinera, que más que dolorosa es una tortura para las familias que cada vez tenemos más complicado llegar a final de mes. 

Este camino del dolor, este valle de lágrimas, nos conduce a calificar asimismo de dolorosa la situación política española y la internacional por causa de guerras y otras catástrofes, que parece que vienen a lomos de los cuatro jinetes del apocalipsis, con plagas, muerte y destrucción, conducidos casi siempre por la mano del hombre. 

En España, también dolorosa es la impresión que la mayor parte de los españoles tenemos de este gobierno, que a veces parece que intenta descabalgarse a sí mismo a pedrada limpia de su propio jamelgo, derribando al caballo, aunque sea el Pegasus, y apuñalando al caballero, sea juez del Supremo o exdirectora del CNI. O lo que es peor, echando abajo los muros de la institución, sea la que sea, para intentar apuntalar la choza unos meses más con los materiales de derribo.

Comentaba mi sabio amigo y compañero Jesús Molinero, de quien tanto aprendo, que en esta España tan europea, algunas directivas son ignoradas por acción y omisión y en toda la extensión de la palabra ignorancia y, además, se les hace una pedorreta (esta expresión es mía, que Jesús es más comedido). El ejemplo claro que mi amigo proponía es la actitud tantas veces contradictoria de Gobierno y parlamento, que con palabras y con hechos desmienten lo dispuesto no sólo en la Constitución Española, sino lo recordado también en la directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.  

Actitudes de algunos gobernantes, portavoces o, simplemente voceros, que convierten la injuria y la calumnia en instrumentos al servicio de su propio relato y que son sistemáticamente utilizados por autoridades que deberían garantizar y preservar los derechos democráticos de los españoles.

La directiva que, por cierto, este Gobierno tan prolífico en Decretos Leyes no “ha tenido tiempo” de trasponer, establece en su artículo 4,1 que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable (…)”. También dice su artículo 6 que “los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación (…)”; y continúa este mismo artículo estableciendo que “los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto”.

Si atendemos el mandato de la directiva, la semana no ha podido ser más dolorosa para la democracia en España, que es tanto como decir para el Estado de Derecho. Sánchez intenta tirar balones fuera de sus responsabilidades como presidente del gobierno, que parece que pasaba por allí, acusando al partido de la oposición de casi todo, por supuesto, haciendo caso omiso de las resoluciones ya dictadas y anticipando las que quedan por dictar según su “docto” saber y entender. Y lo de docto no lo digo con segundas de corta, pega y colorea… 

En coherencia con lo de acusar sin pruebas, se indulta la condena de los ideológicamente afines o necesarios, sean separatistas cuya pertinaz persistencia en el delito se “respeta” en sede parlamentaria o se devuelve la patria (o matria, qué sé yo) potestad a quien sustrae al hijo propio reiterando acusaciones contra el marido, no sólo no probadas sino desestimadas en sede judicial, en un aquelarre de “hermana yo sí te creo”, pero sólo si me lo permiten el resto de “primos”, porque esta hermana es sólo la de mi corral y las demás, se lo merecen por pijas. Traducido: indultamos a la culpable mientras insultamos al inocente. Doloroso sentido de la justicia de algunos, algunas y algunes.

Y rematamos la jugada con una ley del sí es sí que, en el mejor de los casos, no cambiará en nada los criterios que aplican los tribunales, porque si los cambian, nos cargamos la presunción de inocencia de quien quiero y a mí me conviene, porque yo lo valgo.

¿Alguien se imagina, haciendo combinaciones y permutaciones, que un presidente del gobierno en vez de “respetar” el anuncio de reiterar conductas sediciosas, delictivas, respetase ese mismo anuncio, pero en este caso de maltratar a una mujer o a un niño, o de violar a alguien, o de golpear por motivos racistas a una persona? ¿Alguien se imagina que cualquiera de esas declaraciones, la real o las hipotéticas, se pudieran hacer impunemente en cualquier país de esa misma Europa a la que acudimos a conveniencia?

Pues esta es nuestra realidad social, jurídica y política. La dolorosa realidad. 

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Silvia Valmaña Ochaita. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo ha sido publicado originalmente en La Opinión de Cuenca