Recalificar el Código Penal requiere armonía entre todas las partes; un equilibrio donde deben ser justamente analizados y escuchados todos.
No cabe resolverlo mediante una proposición de ley. Habría que escuchar a los órganos consultivos para este tipo de acciones. Es decir, aunque jurídicamente pueda el Gobierno actuar así, son importantes las formas.
Un nuevo ordenamiento penal, se basa en el Código Civil, requiere de unos equilibrios dentro de la sociedad civil -ya lo hemos dicho-.
Debemos evitar estas reformas express si nos referimos al código penal. El código penal es algo mucho más serio. Aconsejaría al gobierno que fuéramos extremadamente cuidadosos en estas cuestiones. Otra cosa bien diferente son los indultos, donde un gobierno tiene la potestad de hacerlos, de ponerlos en marcha, y de arriesgarse a que sociedad en las futuras elecciones se defina en contra o a favor de sus indultos. Pero es evidente que el carácter es bien diferente: un indulto es una medida puntual que no implica a otros agentes o ciudadanos en un futuro, frente a lo que implica un cambio del ordenamiento penal, como el que pretende poner en marcha este Gobierno, el Gobierno de las prisas.
Esta forma de actuar evita cualquier tipo de debates necesarios para llegar a las mejores resoluciones, porque no se escucha a la oposición y por tanto se politiza hasta un extremo intolerable.
Como es lógico este tipo de proceder retroalimenta de nuevo el conflicto, y enfrenta a las sociedades conduciendo a la polarización y alimenta la falta de consensos, tan necesarios.
El Gobierno está convirtiendo al ámbito penal en un campo de batalla. Hemos empezado hablando de sedición, ahora malversación de fondos y mañana, ¿cuál será la próxima propuesta?
Son necesarios informes no vinculantes a la hora de afrontar un nuevo ordenamiento penal. Y una vez realizados proyectos de ley no vinculantes, escuchemos al Consejo de Estado.
En mi opinión resolver estos problemas mediante el parlamentarismo no es una buena solución. En estos casos presentes (“sedición” y “malversación “) no estamos hablando de una reforma a futuro, sino de una reforma para beneficiar casos pasados. La situación entonces es muy diferente, y parece estar cocinada a gusto de los afectados. Quizá por esta razón que la forma de proceder sea express.
Pero algunos opinamos que es necesario mantener las formas, y desde una absoluta transparencia institucional. De lo contrario mal vamos. Personalmente entiendo que se trata de un uso alternativo de la democracia, legal eso sí, pero en la que yo no me siento cómodo.
Entendiendo que siempre hay que moverse con una gran “praxis política” y el caso catalán lo merece.
Para concluir, es necesario con el paso del tiempo actualizar ciertos conceptos dentro del código penal, e intentar estar en consonancia con el resto de la UE. Pero me pregunto, si es realmente tan urgente que tengamos que resolverlo en el último año de la legislatura o podría ser resuelto y madurado de otra manera, de otra forma.