El actual presidente del PP de Toledo, Arturo García-Tizón -será sustituido en breve por el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio-, quiso durante su etapa al frente de la Diputación de Toledo hacer la competencia en los ruedos españoles a los Fermín Bohórquez, Victorino Martin, Conde de la Corte, Miura… y montó en la finca El Borril, propiedad de la Corporación provincial toledana, unas instalaciones para criar y acoger animales de bravo y manso que para sí quisieran muchas ganaderías de postín y plazas de primera. Un incipiente criador de bravo que, como tantos mayorales, tal vez soñaba con el reconocimiento del respetable para dar la vuelta al ruedo, sombrero en mano y saludo franco, aunque fuera desde su despacho, por la casta exhibida por sus toritos en coso taurino.

Con el cambio de presidente en la Institución el nuevo mandatario, mucho menos taurómaco, puso de inmediato a la venta las reses adquiridas por su predecesor, que tras dos intentos acaban de ser adjudicadas al mejor postor. El origen de lo que parece ser un capricho costoso e inútil de García-Tizón -la compra del ganado, construcción de instalaciones adecuadas, y destino de las reses adquiridas- son motivo de controversia entre los dos partidos mayoritarios en el Gobierno provincial. El impulsor del proyecto asegura ahora que nunca tuvo intención de hacer una ganadería de bravo -¡menudo alivio para los criadores de toros de lidia¡- tan sólo proveer de erales a la Escuela Taurina Domingo Ortega, pues el resto de animales adquiridos eran mansos y bueyes. Sin embargo, a la inversión en ganado realizada se une el de la adecuación y ubicación de semejante zootecnia a la finca El Borril que supuso a la Diputación de Toledo un gasto de unos 600.000 euros, confirmado ahora por el propio García-Tizón.

Que los ciudadanos paguen con sus impuestos los caprichos, rigurosamente inútiles, de sus representantes públicos debería ser un problema penal. Una infraestructura e inversión ejecutada gracias al Gobierno mayoritario de turno de unas Instituciones -las Diputaciones- que por su escaso provecho y menores competencias la mayoría de partidos, salvo el PP, pretenden suprimir. Una inversión más, en perjuicio de prioridades más esenciales, que resume la ligereza desde la que actúan algunos representantes de Administraciones, en esta caso de la Diputación de Toledo, y cuyas consecuencias están a la vista por su dudosa o nula utilidad. Desafortunadas actuaciones que causan verdaderos estragos en la credibilidad y provecho de estas instituciones, ya de por sí irrelevantes, con prácticas de gasto tan irracionales como inútiles.