Caja Castilla La Mancha, o lo que queda de ella, tiene los días contados. En la presentación la pasada semana de los resultados de Liberbank correspondientes al primer trimestre -un balance que ha visto disminuir sus grandes cifras, con un beneficio de 32 millones (un 15,4% menos), un ratio de morosidad del 13 por ciento, además de una caída en los márgenes de intereses y comisiones- el director financiero del banco, Jesús Ruano, anunciaba un nuevo plan de ajuste que Liberbank tiene previsto materializar a partir de 2018. Otro recorte que se une al  ERTE que finalizará el próximo mes de julio, y que ha supuesto el cierre del 37 por ciento de su red, ahora son 868 sucursales abiertas, y un 50 por ciento de su plantilla, 4.000 empleados en la actualidad. Unos ajustes que han afectado de forma implacable y muy dolorosa a la red de la extinta CCM que en la última Memoria anual antes de su intervención contaba con una red de cerca de 600 oficinas y 3.000 empleados.

En el mismo encuentro con analistas, Ruano anunció también lo que supondrá la total desaparición del Banco CCM, una filial de Liberbank. El banco castellano-manchego, resultado del proceso de liquidación de la antigua Caja Castilla La Mancha, está controlado actualmente por Liberbank en un 75 por ciento, y por la Fundación Bancaria CCM el 25 por ciento restante. Una participación de la Fundación en poder de minoritarios que, según informó el director financiero, será adquirida este mismo año por el banco constituido en 2011 por Cajastur, Caja Extremadura, y Caja Cantabria a través de alguna de las fórmulas que se barajan. Una operación que no podrá llevarse a cabo si antes no queda saldada la deuda con el Fondo de Garantía de Depósitos que aceptó canjear un préstamo de 1.650 millones de euros concedido a CCM con la garantía de su cartera industrial. De su resultado dependerá si la Fundación tendrá que compensar o no al FGD con parte del 25 por ciento de su accionariado.

Concluirá entonces un lamentable proceso para Castilla-La Mancha que se inició en marzo de 2009 cuando, tras un intento fallido de fusión con Unicaja, el Consejo de Ministros autorizó la emisión de un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros para que el Banco de España pudiera intervenir CCM y solucionar sus problemas de liquidez. Un arbitraje que se hizo necesario para evitar males mayores y que también supuso la sustitución de una cúpula gestora de infausto recuerdo. Unos desgraciados sucesos que llevaron a su desaparición a la primera entidad financiera de la región y a la calle a muchos de sus trabajadores. Una triste efemérides que será recordada por generaciones futuras en esta tierra, y que ya forma parte inequívoca y lamentable de la historia más deplorable y condenable de Castilla-la Mancha.