Desfilan estos días por el Congreso de los Diputados todos los convocados como protagonistas principales de la crisis financiera que asoló a este país, y que propiciaron la quiebra de cajas de ahorro y posterior rescate bancario. Una comisión de investigación en la que también se espera próximamente la visita del expresidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. En esta singular y variopinta cabalgata, les ha tocado el turno esta semana a los inspectores del Banco de España, un colectivo cuyas declaraciones no han dejado precisamente en buen lugar la labor fiscalizadora realizada para la ocasión por el banco emisor. Más bien al contrario.

En su intervención ante la Comisión presidida por la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, el director general de Supervisión del Banco de España durante 2000 y 2006, Pedro Pablo Villasante, denunció que algunos inspectores del banco fueron apartados de sus funciones fiscalizadoras en CCM, y otras entidades, cuando en sus informes “comenzaron a destapar deficiencias, irregularidades, o déficits patrimoniales” que posteriormente se trataban de minimizar u ocultar. Otro técnico, José Antonio Delgado Manzanares, hoy secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, denunció en su comparecencia ante esta misma Comisión que en su día fue apartado de sus funciones inspectoras cuando sus informes sobre Liberbank no estaban siendo igualmente del agrado de sus superiores.

Otro capítulo más que refrenda el incompetente comportamiento de unos directivos de cajas de ahorro que en su naturaleza jurídica no estaba la de generar beneficios, como continuamente les recordaban los inspectores encargados de su fiscalización, pero que sabían maquillarlos a la perfección. Dirigentes, como los de CCM, que se arrimaron al poder político de turno, abusaron de la exuberancia inmobiliaria de la época, administraron a su antojo la obra social, y gestionaron unas entidades para las que sólo trabajaban, pero que manejaban como si fueran suyas y del partido que los había nombrado.

Errores sangrantes que todavía hoy no están claros y cuya reacción tibia, tardía, e inconclusa tanto del Banco de España como del Gobierno contribuyó a que los problemas de las cajas de ahorro en este país contaminaran a todo el sector, a la economía en general y también a los ciudadanos. Cajas, como la de Castilla-La Mancha, que pasaron de un día a otro de ofrecer en su balance resultados espectaculares  y pingues beneficios a tener que ser intervenidas por la vía de urgencia. Una lamentable trayectoria desarrollada también ante la pasividad e incapacidad de un Gobierno regional que, a pesar de tener competencias de fiscalización sobre su gobernanza atribuidas en su estatuto de autonomía, no demostró suficiencia alguna ni aparente interés en frenar un desaguisado que todavía hoy se desconoce verdaderamente su alcance.