Cada vez que los organismos competentes hacen públicas las cifras del desempleo en España, el púlpito institucional de Castilla-La Mancha se llena de inmediato de predicadores ofreciendo su particular versión sobre la materia aunque, por lo general, cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. El INE ha publicado esta semana los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al año 2017 en la que se refleja un descenso generalizado del paro en todo el país, salvo en Cantabria y La Rioja. En el caso de Castilla-la Mancha, la región registra igualmente un descenso anual de 22.500 desempleados respecto al año anterior, un 10,29 por ciento menos, una tasa de desempleo del 19,74 por ciento, y un total de 196.500 parados. Unos datos que pueden insuflar cierto optimismo aunque todavía lejos de la excelencia,  cosechados en su mayoría gracias a una temporalidad excesiva en los contratos y salarios reducidos.

Una bonanza de la que el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha se pronunciaba recientemente con cierta cautela. Sin negar su desarrollo, Ángel Nicolás señalaba el efecto incertidumbre y el freno de las inversiones como causas principales para un mayor progreso del mercado laboral y crecimiento económico en la región. Un obstáculo latente a pesar de haberse saldado, según las cifras de la EPA, con un mercado laboral favorable por cuarto año consecutivo en el que el empleo de Castilla-La Mancha ha aumentado al socaire del crecimiento económico en todo el país. Un escenario halagüeño que previsiblemente para la economía española se prolongará en un futuro inmediato al apuntar las previsiones un aumento del PIB en torno al 2,5 por ciento.

No obstante, a pesar de este moderado optimismo, en la economía de Castilla-La Mancha aparecen algunos indicativos para la reflexión. Durante el pasado año, la creación de empresas en la región descendió un 11 por ciento, mientras que el índice de competitividad regional, el que ofrece un entorno más favorable para las empresas y el crecimiento económico, se encuentra entre los más bajos de España, tan sólo por encima de Andalucía y Extremadura.

Sería un error caer ahora en la autocomplacencia que algunos predicadores insuflan desde púlpito institucional a beneficio o detrimento del líder de turno. Los datos de la EPA pueden considerarse benévolos  para Castilla-La Mancha, pero aún distan bastante para certificar el crecimiento socioeconómico que precisa esta tierra para su definitivo desarrollo y bienestar de sus ciudadanos.