Tras reforzar en 500 millones su solvencia el pasado mes de noviembre, Liberbank -la entidad surgida de la fusión de Cajastur-Banco Castilla La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura- tendrá ahora que centrarse en el control de gastos. Según un informe de Deustsche Bank remitido a sus clientes, Liberbank debería cerrar 130 sucursales y reducir aún más su plantilla: 330 empleados en los próximos tres años. Unos ajustes que se traducirán en una nueva disminución -en los últimos tres años ha adelgazado la plantilla en más de 1.600 trabajadores, sobre todo a través de prejubilaciones, bajas incentivadas y excedencias- del número de empleados y oficinas. En esta ocasión, según cálculos del banco alemán, afectará al 17 por ciento de su actual red de sucursales y cerca del 8 por ciento de la plantilla. Unas medidas que permitirán a Liberbank conseguir un ahorro de 40 millones de euros al año, el 10 por ciento de la base total.

Un ajuste que coincide con las manifestaciones de la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Daniéle Nouy. La responsable de supervisión bancaria en el BCE asegura que los bancos europeos tienen “un problema de rentabilidad”, lo que puede acabar representando una amenaza para su estabilidad financiera. La funcionaria considera que las entidades tienen margen para reducir costes, al tener redes de oficinas demasiado grandes. La presidenta está convencida de que existen signos de que los bancos europeos no están ganado suficiente dinero, en comparación con las entidades de otras partes del mundo. Una opinión que coincide con la del Banco de España, que lleva años insistiendo en el cierre de sucursales y nuevas fusiones en el sector bancario español.

El pasado año ha sido el más pobre en lo que a fusiones bancarias se refiere en España, por lo que no cesan los mensajes sobre la necesidad de avanzar en la concentración. No obstante, en nuestro país, el número de grupos bancarios ha caído en los últimos años un 44 por ciento, hasta las actuales quince entidades con Santander, Caixabank y BBVA concentrando un tercio de los activos del sistema financiero español. Precisamente, el banco presidido por Francisco González acaba  de anunciar también el cierre este mismo año de otras 179 sucursales, un cinco por ciento de su red, con el fin de adaptar su estructura comercial.

Entre 2008 y 2016 han cerrado en España 17.000 oficinas bancarias, un 37 por ciento de la red, un recorte que afecta principalmente a la España despoblada. Un apartheid  financiero que en Castilla-La Mancha se concentra principalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Dos territorios donde bastantes habitantes tienen esta falta de servicios financieros, y se ven obligados a desplazarse al pueblo más cercano o esperar al ofibus, el banco que viaja en autobús, para realizar sus operaciones. Más de 400 pueblos en la región, el 3,2 por ciento de su población, se encuentran en esta misma situación. Un colectivo de castellano manchegos con un tradicional uso del dinero en efectivo, con menor cultura financiera o peor, o incluso nulo, acceso a las tecnologías de la comunicación. Una exclusión en territorios que ya no son negocio para nadie: ni bares, ni supermercados, ni la propia Iglesia, que ha ido cerrando muchos templos. Incluso para la Administración clausurando igualmente consultorios médicos o escuelas.