Beneficioso para el accionista, perverso para el trabajador, inadmisible para el cliente
El proceso de consolidación bancaria en España no ha puesto su punto y final tras la compra del Popular por parte de Santander y la unión de Bankia y BMN. Los principales analistas predicen una nueva oleada de fusiones y adquisiciones en nuestro país en los próximos meses. Una transformación que mayoritariamente apunta a Liberbank -entre otros bancos medianos y pequeños como Sabadell, Unicaja, e Ibercaja- como uno de los posibles afectados en estas operaciones, en el que la banca mediana se alza como la gran protagonista. La entidad dirigida por Manuel Menéndez -una vez conseguida el pasado mes de marzo la fusión mediante absorción del Banco de Castilla-La Mancha (CCM), y cerrar el ejercicio 2017 con una pérdidas de 260 millones de euros tras el impacto de realizar en el tercer trimestre unos saneamientos por valor de 600 millones- está en el foco de esta opción según diferentes entidades y organismos internacionales. Un quebranto, por cierto, que ahora la entidad alega para no devolver las cantidades descontadas a sus trabajadores en el marco del ERE de 2013, declarado nulo por el Tribunal Supremo.
El banco de inversión norteamericano JP Morgan en su informe más reciente señala a Liberbank como posible objetivo de compra, en este caso por parte de BBVA, aunque para ello tendría que dotar 259 millones en provisiones para elevar las coberturas del banco producto de la fusión de Caja Cantabria, Cajastur, Caja Extremadura y CCM. También, Goldman Sachs en su último análisis sobre fusiones en España sitúa igualmente a Liberbank como posible y atractivo objetivo para ser adquirido. Una posibilidad de integración con otro banco que Menéndez no descarta, como ya puso de manifiesto en la pasada junta de accionistas, siempre que la “operación añada valor para el accionista y tenga lógica”. En efecto, pero esta utilidad e interés para el comanditario seguramente chocará, otra vez más, con la de los trabajadores.
JP Morgan señala en su informe que, de producirse la adquisición por parte de BBVA, el banco presidido por Francisco González debería buscar en esta operación un ahorro de coste de más del 80 por ciento vía cierre de oficinas y ajuste de plantilla en Liberbank, para que la transacción elevara un 2 por ciento su beneficio por acción. Una exclusión financiera que está afectando a muchos territorios y miles de clientes en este país sin acceso a una oficina en su municipio de residencia. Un proceso de recorte de establecimientos que en Castilla-La Mancha, con un 23 por ciento de sucursales cerradas entre 2008 y 2017, está siendo muy bien aprovechada por alguna entidad que practica un tipo de banca distinta, más cercana, y al parecer con excelentes resultados como los que hoy presenta a sus socios.
También de personal. Otro doloroso ajuste que, en caso de producirse la fusión, tendría de nuevo a los trabajadores de Liberbank como moneda de cambio en una operación que, como aseguró su consejero delegado en junta general, parece tan sólo buscar el interés de los accionistas.