Relata el escritor y documentalista Jesús Gómez Fernández Cabrera en su libro “Villa de Orgaz” que la Iglesia católica inmatriculó en el Registro de la Propiedad por certificación eclesial varios inmuebles que hasta ese momento habían sido de dominio público en esta localidad toledana. Son los casos, según el autor, de la Iglesia parroquial, en 2009, las ermitas de la Concepción, el Socorro y la ermita y cementerio de Santiago. Igualmente figura propiedad de la Iglesia, aunque por vías diferentes a la inmatriculación, el hospital de San Lorenzo y el edificio del Colegio de las Monjas. Unos inmuebles que, para sorpresa del pueblo, la Iglesia se apropió cuando habían sido construidos mediante trabajo o colectas de la población y eran consideradas propiedades colectivas, del municipio.

No es el único caso de inmatriculación en Castilla-La Mancha; tampoco en el resto del país, donde se calcula que existen más de 40.000 propiedades en esta misma situación incluida, entre las más conocidas, la Mezquita de Córdoba. Un beneficio otorgado a la Iglesia católica gracias a una Ley franquista que data de 1946 (ampliada por el expresidente José María Aznar en 1998), en la que los obispos españoles podían registrar a favor de la Iglesia tantos templos, colegios, hospitales u otros inmuebles como quisieran tan sólo con que el Diocesano correspondiente, o cargo superior, expidiese un certificado asegurando que el inmueble a inscribir es propiedad de la Iglesia católica. No hacía falta otro documento probativo, la palabra de los obispos se convertía de esta forma en verdad infalible e inmutable para los registradores. Así hasta 2015.

El Gobierno pretende ahora reclamar a la Iglesia católica los bienes de dominio público puestos a su nombre bajo este sistema durante casi 70 años. Para ello, la Justicia va a dar publicidad al listado de inmatriculados por esta vía. Ante la situación que se avecina, la Conferencia Episcopal se muestra serena por esta intervención del Estado, que ha sido confirmada en respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado. Los obispos aseguran que no han hecho otra cosa que cumplir con la legalidad vigente, inscribiendo de manera tradicional los bienes que ha poseído la Iglesia. No obstante, se trata de una situación tan ambigua como anómala que requiere de una clarificación pública. Un procedimiento que, como en el caso de Orgaz, urge precisar si se han producido abusos e irregularidades  para, en tal caso, revertir la inscripción a la verdadera propiedad. Una pertenencia que no tiene por qué afectar al posible el uso religioso que se pudiera estar dando al inmueble en estos momentos.