El Ministerio de Trabajo ha impuesto sanciones por valor de más de 200 millones de euros a 35 empresas cárnicas de todo el país por externalizar una parte importante de su actividad laboral a través de cooperativas de trabajo asociado como Taic, Auga, Work, Clavial o Aliagro, entre otras. Un procedimiento que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social considera irregular, por lo que ha procedido al levantamiento de actas de inspección de las empresas sancionadas que alcanzan los últimos cuatro años. Entre las cárnicas multadas se encuentran dos de Castilla-La Mancha: Frivall, de Villar de Olalla (Cuenca), y Frimancha, de Valdepeñas (Ciudad Real).

En Castilla-La Mancha, según CCOO, el sector cárnico ocupa a cerca de 12.000 personas de los 90.000 puestos de trabajo en todo el país, de los que 15.000 lo hacen como cooperativistas. Precisamente, el sindicato ha sido el que ha presentado todas estas denuncias contra 80 empresas, por externalizar su actividad laboral a través de diversas sociedades cooperativas, como Servicarne, donde integraban a los trabajadores como socios. En las dos empresas sancionadas de nuestra región hay cerca de 900 falsos autónomos trabajando. Una fórmula que para el sindicato dispara la “precariedad y tira por los suelos las condiciones laborales”, además de otras legitimas prestaciones sociales del cooperativista.

El sistema lleva establecido en el sector hace décadas, e incluso está avalado por los tribunales y la figura está reconocida legalmente en la Ley de Cooperativas, tal y como aseguran los propios empresarios. Un colectivo que lamenta que la actuación del Ministerio no haya sido contra las cooperativas contratantes en lugar de las propias fabricas. Unas sanciones económicas muy cuantiosas que pueden ocasionar la inviabilidad y desaparición de algunas plantas, además de la paralización de importantes inversiones previstas en sus instalaciones.

El sector cárnico al trabajar con productos frescos exige una flexibilidad laboral que no precisan otros compartimentos económicos. En efecto, pero esta tolerancia no se puede hacer a costa del propio trabajador que como los demás también exige los mismos derechos y retribuciones. El correcto empleo de la externalización no tiene por qué estar reñido con las legitimas garantías laborales de los trabajadores, ni tampoco con la viabilidad y seguridad jurídica de las empresas. Una conciliación de intereses necesaria para uno de los grandes sectores industriales del país, junto a la automoción y la energía.