Se utiliza con frecuencia la expresión “quedar en agua de borrajas” en aquellos acontecimientos y compromisos en los que se depositan ciertas esperanzas y posteriormente se diluyen en el tiempo, o repentinamente, quedando en nada, en el más absoluto olvido. Así de decepcionados deben sentirse con nuestros políticos muchos castellano-manchegos desde que hace tiempo representantes de la administración regional, diputaciones, e incluso portavoces del PP vienen platicando y mostrando su compromiso hacia la exclusión financiera que sufren más de la mitad de pueblos de la región. Hasta el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, anunciaba en agosto un plan y conversaciones entre la Administración autonómica y las entidades financieras con más presencia en la región para que prestasen sus servicios bancarios a través de cajeros automáticos en aquellos municipios donde no hay sucursales.

Un estudio presentado esta semana por la Federación Fine, con datos del INE y el Banco de España, indica que el 52,1 por ciento de los municipios de Castilla-La Mancha carecen de oficina bancaria. Un porcentaje ligeramente superior a la media nacional, con un total de 4.194 municipios españoles donde sus habitantes no disponen de sucursal alguna para poder realizar las operaciones bancarias más elementales. Un déficit cada vez mayor como demuestra el hecho que de enero a septiembre de este año en España se han cerrado más de 1.000 sucursales y de baja a cerca de 5.000 trabajadores, según detallan diversos informes financieros.

La exclusión financiera es un nuevo fenómeno que afronta la sociedad y perjudica principalmente a las poblaciones de la España vaciada. Una situación consecuencia del progresivo recorte de estructuras por parte de la gran banca, y de una cada vez mayor digitalización de sus servicios a cuyo acceso no todos están preparados. Localidades con menor dinamismo que ven así condicionadas la accesibilidad de los servicios bancarios por carecer de establecimientos que los faciliten.

Para paliar esta falta de cajeros automáticos que pudieran al menos permitir a los ciudadanos retirar efectivo, comunidades autónomas como la valenciana o catalana, y los ayuntamientos o diputaciones de Granada, Málaga, Cáceres, Almería y Badajoz, entre otros, han promovido convenios y actuaciones con el fin de atender a estos núcleos de población afectados por una cada vez mayor desertización financiera. Medidas parecidas a las que vienen anunciado representantes de la administración regional y provincial de Castilla-La Mancha con el fin de combatir un desarraigo que afecta a gran parte de este territorio, principalmente a una población más envejecida o de un entorno rural con muchas limitaciones para acceder a internet. Sin embargo, meses más tarde, lejos de cualquier atisbo sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados éstos, en efecto, han quedado en agua de borrajas. Un singular curso fluvial que discurre con bastante frecuencia por los meandros de nuestra política.