Hasta hace unos tres meses el negocio de las residencias de ancianos debía ser bastante prospero si hacemos caso del anuncio de Vitalia Franquicias -una de las empresas líderes del sector con gran presencia en Castilla-La Mancha- invitando a invertir en este tipo de establecimientos por ser “un negocio asegurado”, gracias a que los mayores se han convertido en una fuente de oportunidades. En efecto, una conveniencia en continuo crecimiento que factura más de 4.500 millones de euros con fuertes inversiones de capital riesgo. Sin embargo, el coronavirus ha transformado ese magnífico caudal inversor en un drama por la mortalidad tan elevada que la pandemia ha ocasionado en estos centros.

Entre las más afectadas Castilla-La Mancha. La región contaba al término del pasado año con 473 residencias entre públicas (265) y privadas (208), con cerca de 27.000 plazas. Unas de las pocas comunidades autónomas con más establecimientos públicos que privados y donde los grandes focos de la pandemia -una de las más castigadas del país- se están sucediendo con mayor virulencia en estos centros. Al pasado día 7 de junio, según los datos facilitados por la Administración, se habían registrado en Castilla-La Mancha la muerte por coronavirus de 2.461 residentes, de los que 1.275 eran casos confirmados y 1.186 de personas sospechosas de estar contagiadas. En total, un 83 por ciento del total de fallecimientos reconocidos en la región por el virus.

Residencias que en Castilla-La Mancha ya acumulan una veintena de diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía por posibles delitos a raíz del Covid-19. Una indagación para conocer si sus normas estaban sometidas a protocolos como el de no desviar sus contagiados a los hospitales, y ser una excusa para elegir quien debe ser atendido y quien condenado a morir sin ninguna posibilidad. Una auditoria que igualmente practicará el Gobierno de esta tierra que, por su parte, siempre ha considerado una “prioridad” el traslado de residentes a los hospitales de la región cuando su situación sanitaria así lo aconsejase. Sin embargo, en la región siguen sin generalizarse test para residentes y empleados, según denuncia la presidenta de la patronal del sector (CEAPS), Cinta Pascual, y las entregas de material fueron “insuficientes y esporádicas”, entre otras acusaciones. Unas medidas para atender a la población de más edad y más vulnerable que, en cualquier caso, han llegado tarde y mal, ocasionando un drama inhumano que no debemos ocultar ni olvidar.

Será ahora la Justicia la que tenga que aclarar lo sucedido, depurar responsabilidades, y atender también al gran número de litigios que la Fiscalía prevé presentarán los familiares de los fallecidos ante tamaña desgracia. Una tragedia, como se ha podido comprobar, que ha destapado con toda su miseria la deficiente atención de nuestra sociedad con los más mayores y la inadecuada dotación de medios, regulación, y falta de supervisión de las residencias que los acogen.