La mayor parte de la gran banca española que cotiza en bolsa coincidieron la pasada semana en presentar sus cuentas de resultados correspondientes al tercer trimestre del año. Un balance con unos denominadores comunes: provisiones millonarias, reducción de beneficios a consecuencia de la pandemia de la covid-19, pero con incrementos de solvencia y reducción de tasa de morosidad. Una situación que, según las entidades, propiciara ajustes importantes- aún más- en sus respectivas plantillas y en la red de sucursales. Un proceso que comenzó ya con el estallido de la crisis financiera de 2008, y que durante todo este tiempo se ha llevado por delante a más de 120.000 trabajadores del sector.

Sólo en 2020, los cinco grandes bancos del país (BBVA, Caixabank, Santander, Bankia y Sabadell) han reducido sus plantillas un 1,4 por ciento, más de 1.700 personas, al tiempo que su red de oficinas disminuyó un 5,45 por ciento, hasta un total de 13.348 en toda España. Mas la zozobra laboral no ha concluido. Santander, Sabadell e Ibercaja ya han avanzado sus intenciones futuras. No serán los únicos. El banco presidido por Ana Botín está estudiando acometer un ERE que sólo en España afectará a más de 3.000 personas con el correspondiente cierre de oficinas. Sabadell también contempla dar salida a parte de su plantilla, unas 2.000 personas. De forma similar se ha manifestado Ibercaja que está planteando otro ERE para el 10 por ciento de la plantilla, unos 500 trabajadores, y el cierre de 160 sucursales, el 15 por ciento de la red. Por su parte, Caixabank y Bankia meterán igualmente la tijera a sus estructuras en el marco de su fusión, un proceso que podría afectar a unos 8.000 trabajadores, lo mismo que Unicaja y Liberbank en su plan de integración aún sin concluir.

Todos los recortes anunciados y previstos afectarán de lleno a Castilla-La Mancha. Dos de los tres bancos –Santander e Ibercaja- tienen una amplia presencia en esta tierra, especialmente el banco zaragozano en la provincia de Guadalajara tras la integración en su organización de la caja de ahorro alcarreña, de la misma manera que Liberbank con Caja Castilla-La Mancha. Un proceso que parece no tener fin, iniciado hace trece años en busca de una mayor eficiencia y por el incremento cada vez mayor de las capacidades digitales. Una evolución propiciada igualmente por la insistencia de los supervisores a cerrar centenares de oficinas y a despedir miles de empleados, incluso sin procesos de fusión mediante, que sume a sus plantillas en una preocupante angustia laboral ante tamaña y permanente incertidumbre.