Santander resta más efectivos en Castilla-La Mancha

El Banco de España no cesa de insistir en la necesidad de que se produzcan procesos de fusión en el sector bancario con vistas a mejorar su rentabilidad. En menos de tres meses se han anunciado la negociación de tres fusiones, (Caixabank y Bankia, ya aprobada por sus respectivos consejos; Unicaja y Liberbank, en fase de negociación; y la fallida por ahora entre BBVA y Sabadell), que revolucionarán el mapa bancario actual, propiciarán el cierre de oficinas y la consiguiente reducción de sus plantillas.

Tal vez el banco que mejor está entendiendo las directrices del supervisor es el Santander. El banco presidido por Ana Botín acaba de presentar una oferta para llevar a cabo un ERE que afectará a 4.000 empleados, el mayor realizado por la entidad hasta ahora, aunque rechazado por los sindicatos al alejarse de los planteados en otros ajustes anteriores de plantilla. Simultáneamente a esta propuesta de prejubilaciones a partir de los 55 años y con el 70 por ciento del salario, Santander tiene previsto cerrar 1.033 oficinas dentro de su plan de reestructuración en todo el país. Castilla-La Mancha se encuentra dentro de este proceso, y ya se han dado a conocer la cifra de sucursales que cerrarán y las que permanecerán abiertas en nuestra Comunidad. En la relación destaca Albacete que será la única provincia española que no se verá afectada por el cierre de ninguna oficina, y seguirán abiertas las doce que en la actualidad tiene para atender a sus clientes. Sí perjudicará en cambio este proceso al resto de provincias castellano manchegas. Ciudad Real cerrará el 47,8 por ciento de la red para quedar con 12 oficinas abiertas; Cuenca, el 50 por ciento y 6 oficinas; Guadalajara, el 25 por ciento y 9 oficinas; y Toledo, el 34,1 por ciento y 14 sucursales. En total, tras esta reestructuración, Castilla-La Mancha contará con 66 oficinas abiertas de Santander en todo su territorio una vez cerradas las 34 previstas.

La banca española ha activado las fusiones como principal respuesta al impacto de la pandemia en el negocio, la caída de ingresos, y unos tipos bajos de interés e incluso negativos. Una evolución que afecta al sector que desde 2009 ha reducido sus plantillas en casi 96.000 empleados y ha cerrado más de 23.000 oficinas, según los últimos datos del Banco de España, un 35 por ciento menos y cerca de la mitad de su red. Una perdida que se prolongará en el tiempo, que los sindicatos estiman en otras 4.000 oficinas clausuradas sólo el próximo año, y servirá para acelerar la desertización financiera en este país. Una exclusión bancaria cada vez mayor donde más de la mitad de los municipios en España no cuentan con oficina bancaria alguna, y que tiene a Castilla-La Mancha como una de sus lamentables referencias. Una disminución que los consumidores contemplan con preocupación al reducir una competencia que hará que la oferta sea cada vez más limitada y probablemente más cara.