No consta que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, dedique su tiempo libre como crítico gastronómico, mas por sus declaraciones recientes parece estar al tanto de los asuntos de la manduca. "La mayoría comemos menú, y algunos quieren comer a la carta", aseguraba el pasado lunes a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en Madrid junto al resto de sus homónimos salvo los del País Vasco y Cataluña, que no acudieron a la cita.
Nadie pensó al escuchar a Ruiz Molina que sus palabras reivindicaban un aumento de las dietas de viaje con el fin de mejorar su régimen gastronómico en restaurantes de postín. En absoluto. La denuncia del consejero se dirigía a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que aclarase si existe alguna negociación bilateral, "a la carta", con Cataluña en materia fiscal y financiera, pese a las declaraciones de la propia Generalitat y el acuerdo de negociación de elementos de la financiación sellado entre PSOE y Junts.
Una negociación bilateral poco transparente a la que el Gobierno de Castilla-La Mancha se opone rotundamente -con "batalla judicial" si fuera preciso-, enfrentado a cualquier privilegio que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda conceder al de Cataluña. Y lo manifiesta una región infrafinanciada que lleva tiempo exigiendo una financiación suficiente "equiparable y proporcionada" que le permita sacar adelante determinadas actuaciones administrativas y políticas sociales. Unas justas demandas que Montero trata ahora de apaciguar ofreciendo a las comunidades una financiación autonómica récord para el próximo año, además de aligerar sus objetivos de déficit.
Unas propuestas que, sin embargo, no impiden llevar adelante una negociación "a la carta" con Cataluña, rompiendo así todos los principios de igualdad entre los españoles establecidos por la Constitución. Unos fundamentos basados en la solidaridad territorial que definen a todos como país, tal como sostiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, y no en los privilegios de unos pocos como pretenden imponer.
