El pasado mes de octubre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mantuvieron una reunión en el toledano Palacio de Fuensalida donde quedó patente la buena sintonía entre ambos políticos. Hablaron de diversos temas de interés y reconocieron después su buena relación. “Militantes del consenso”, dijo Page que son él y la líder centrista. Y es que, según el jefe del gobierno castellano-manchego, “en una sociedad que no es muy proclive a él”, es necesario el consenso “ante el totalitarismo político de los independentistas”. Arrimadas, por su parte, dio el siguiente titular: "García-Page y yo tenemos en común las discrepancias con Pedro Sánchez".

Y hablaron de la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. De hecho fue el asunto que más interés mediático despertó, llegando a afirmar algún medio que la visita de Arrimadas tenía como objetivo principal convencer a Page de la necesidad de ampliar el número de diputados en las Cortes autonómicas a cambio del apoyo de Cs al PSOE en caso de que lo necesite tras las elecciones de 2023. Según todas las encuetas que se conocen, Ciudadanos se quedaría fuera del parlamento castellano-manchego en caso de que hoy se celebraran elecciones. Solo aumentando el número de diputados -actualmente es de 33 escaños, el más bajo de toda España- habría alguna posibilidad de que el partido de Arrimadas consiga representación en la próxima convocatorai electoral. Al menos eso creen sus dirigentes, pero es muy probable que, sean los que sean los escaños a cubrir, esta formación no tengá suficiente respaldo en las urnas para conseguir uno de ellos.

No se sabe qué le dijo Page realmente a Arrimadas sobre esta cuestión, aunque ha trascendido cierta voluntad de los socialistas de reformar el Estatuto y ampliar el número de diputados que el PP de María Dolores de Cospedal redujo a su mínima expresión. En todo caso, lo que dan por seguro en fuentes informadas del PSOE es que el Estatuto no se va a tocar en lo que resta de legislatura y, en consecuencia, la ley electoral no se modificará.

Apenas hay tiempo para ello. Pero lo que es más importante, ni Page ni su partido quieren cambiar las cosas. Primero, porque con esta ley obtuvieron una mayoría absoluta que esperan repetir en las próximas autonómicas. Segundo, porque la ampliación del número de diputados podría hacer que la representación de VOX fuera mayor de lo que prevén las encuestas, y por contra no facilitaría la entrada en el parlamento de diputados de Cs o de partidos a la izquierda del PSOE. Tercero, porque el PSOE, tal como dejó claro ayer en el pleno de las Cortes, no reformará la Ley Electoral "sin el consenso preciso e imprescindible del Parlamento autonómico y del Congreso de los Diputados". Y cuarto, porque ampliar el número de políticos en el parlamento regional no estaría bien visto por los castellano-manchegos en estos tiempos de penuria económica y pasaría factura en las urnas a sus promotores.

Así de claro está el asunto. Todo lo demás es postureo.