¿Qué 8 activistas de Castilla-La Mancha aparecen en el último informe de Amnistía Internacional?

Al menos durante los últimos siete años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un "serio retroceso" en el ejercicio del derecho a la protesta como consecuencia de varios factores, según informa en un comunicado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAH): la reforma del Código Penal, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), el "amplio margen" de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas o la utilización "abusiva" de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de “foam”.

Además, el comunicado habla de la "frecuente interpretación de los tribunales" a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, que incluye la alegación de "hechos no veraces" en la propia denuncia policial, y la "falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas" de las fuerzas de seguridad, tal como afirma textualmente la nota remitida por la plataforma a los medios de comunicación,

“Esta combinación de leyes y prácticas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión ha dado lugar a sanciones arbitrarias, a la criminalización de manifestantes pacíficos y periodistas que estaban ejerciendo su trabajo, y de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o Extinction Rebellion, así como a un uso no proporcional de la fuerza contra manifestantes pacíficos y un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pacífica”, según palabras del director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

El caso de Guadalajara

La investigación que hizo pública el organismo la pasada semana incluye el caso de 8 activistas de PAH Guadalajara que serán juzgados el próximo 30 de noviembre. Los sucesos ocurrieron el 5 de diciembre de 2017 cuando, según la plataforma, un grupo de activistas de esta organización accedieron a una sucursal de Caixabank con la intención de negociar la suspensión de un desahucio que dejaría en situación de calle a una madre con sus dos hijas pequeñas.

Se llevó a cabo la detención de estas ocho personas a pesar de que los propios agentes de la Guardia Civil que la ejecutaron declararon que los activistas mantuvieron una actitud pacífica y que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta, que fue una resistencia pasiva”, dice el comunicado.

Aún así, "la Fiscalía pide para cada activista de la PAH Guadalajara 10 meses de prisión por un delito de resistencia y desobediencia, y una multa de 600€ por el delito de allanamiento. La acusación particular, ejercida por Caixabank, acusa también por estos delitos, pidiendo también multa de 600€ por delito de allanamiento, y 8 meses de prisión por resistencia/desobediencia, pero añade la pena de prisión de 2 años y medio por delito de coacciones y de multa de 3000€ por un delito de ocupación de su sucursal".

La organización expresa su preocupación por la penalización de actos no violentos sin exigir motivación ni resultados, excepto que haya “una perturbación relevante” de la actividad normal de esa entidad, sin que se aclare suficientemente qué se entiende por “alteración de actividad normal”.

Concentraciones

Por su parte, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha anunciado con un vídeo la convocatoria de al menos dos concentraciones este mes coincidiendo con la investigación difundida por Amnistía Internacional, dada su gravedad, que será el próximo 26 de noviembre a las 12:00 en la sucursal central de Caixabank de Guadalajara de la Calle Mayor, donde se leerá un manifiesto de apoyo de organizaciones, partidos y colectivos a las personas imputadas.

La siguiente cita será ya el día 30 de noviembre en la sede de los Juzgados de Guadalajara a las 9:00 de la mañana, poco antes de dar inicio a las sesiones del juicio oral señalado por el Juzgado de lo Penal nº1 de la capital, que será el encargado de juzgar a las 8 personas que fueron detenidas en noviembre de 2017.

Cartel de las convocatorias