Ha empezado la cuenta atrás para el 21-D y, de momento, todo son incógnitas. Si normalmente es difícil aventurar un resultado electoral, ahora es materialmente imposible hacer un pronóstico. Todos coincidimos en señalar que son las elecciones más atípicas de la historia democrática de España y la gran novedad es que por primera vez  hay un partido no nacionalista en Cataluña que figura como el ganador en las encuestas, aunque ya sabemos de sobra que, aún cumpliéndose el pronostico, una cosa es ganar y otra muy distinta gobernar. Según el último CIS, la candidatura de Inés Arrimadas aglutina el voto útil del constitucionalismo de centro y de derecha a costa del PP, pero eso no es suficiente como tampoco lo es sumando al PSC. Ni siguiera con una participación récord como se prevé, los expertos en demoscopia son capaces de hacer un retrato más o menos fiable de cómo será el día de después. Volver a la situación que propició el mayor golpe a nuestra democracia sería un desastre y no sólo porque un escenario del  “día de la marmota” podría ser letal, sino porque el 21D es el momento clave para empezar a revertir el proceso independentista que ha sumido a Cataluña en la polarización social, la inestabilidad política, el desafío jurídico y el desastre económico. “El dato del paro  en Cataluña devuelve a una región rica a los niveles de desempleo de 2009, en pleno despliegue de la gran recesión”, leíamos en los periódicos al conocerse la última cifra de desempleados.

“El CIS parece reflejar por tanto un hartazgo del procés que, de confirmarse en las urnas, equivaldría en la práctica a su arrumbamiento. Quizá no definitivo, pero desde luego el proyecto de ruptura quedaría desactivado y obligaría a sus ideólogos como mínimo a un reposicionamiento, ya que no alcanzan a una autocrítica honesta. También certifica el desgaste sufrido por la marca catalana de Podemos, víctima primero de su ambigüedad y más tarde de una complicidad nacionalista en absoluto disimulada. Los de Xavier Domènech, cuyas bases se reparten entre soberanistas y constitucionalistas casi a partes iguales, parecen llamados a convertirse en la bisagra que decante la aritmética parlamentaria en un sentido u otro, con el correspondiente coste para Colau en Cataluña y para Iglesias en el conjunto de España”, editorializaba El Mundo analizando los vericuetos del CIS, pero ¡ya veremos! Al final la última palabra la tendrán las urnas, pero en estos días de campaña hay que seguir desenmascarando a esos que han convencido a un sector de la sociedad de que “todo vale": saltarse la legalidad, pisotear los derechos constitucionales, amenazar con métodos mafiosos a los discrepantes, incluso simular asesinatos de los  adversarios. He comentado varías veces -y ahora se está demostrando en las declaraciones judiciales a las que hemos tenido acceso los periodistas- que la sociedad catalana ha sido vilmente engañada por sus líderes políticos independentistas que prometiendo una  Arcadia feliz, que ni existe ni existirá, han creado monstruos intolerantes que están a un paso de justificar cualquier cosa. Los demócratas no podemos  dejar que se vaya por la alcantarilla lo que nos ha costado tanto construir. La Democracia plena es nuestra memoria histórica para las siguientes generaciones y las veleidades de una minoría de radicales, antisistema, independentistas o nacionalistas no pueden triunfar.

Cuando escribo estas líneas  se acaba de conocer que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un inesperado cambio de rumbo a la causa abierta por rebelión contra los líderes independentistas. El magistrado - que tiene fama de ser un profesional del derecho  impecable, meticuloso al extremo, poco influenciable por el ruido ambiente y que no da puntada sin hilo- ha retirado las órdenes europeas de detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y ha ordenado que se comunique su decisión a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración solicitada por España. Llarena mantiene la orden española de detención contra Puigdemont y los exconsejeros fugados, por lo que  los cinco serán detenidos cuando regresen a nuestro país . Esta decisión puede tener que ver, según los expertos, por el temor de España a que la justicia de Bélgica rechazara actuar contra el expresident por rebelión, un delito que no tiene un equivalente exacto en el código penal belga.

¿Qué pasaría en ese caso? Pues que el juez de Bruselas podría ordenar la entrega a España de Puigdemont y  CIA por otros delitos, como el de malversación o desobediencia, pero no por el de rebelión, lo que impediría a la justicia española actuar contra el expresidente por ese delito, que es el más grave de los que se le atribuyen, es decir, que  llegado el caso se iría casi de rositas con una condena menor.

Sea como fuere, el “dong" de la campana en la cuenta  atrás para que se instalen las urnas de verdad en Cataluña ha sonado y solo hay que esperar que los catalanes con votos quieran frenar esta locura hacia ninguna parte.