Perros y multas

Según han publicado estos días los periódicos, el Ayuntamiento de Madrid ha planteado en la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos regular que los propietarios de perros tengan que identificar genéticamente al animal, lo cual tendrá un coste de 50 euros para sus propietarios. El objetivo es “proteger el bienestar de los animales y favorecer la tenencia responsable, concretamente evitando la no recogida de excrementos caninos”. Las identificaciones de ADN permitirían multar a los propietarios que no recojan las heces de sus perros, como ya ocurre en varios municipios, además de generar un efecto disuasorio.

El análisis de ADN para los perros es un impuesto más y, aunque todavía está en fase de estudio, terminará imponiéndose como se ha hecho ya en otras ciudades, pero no sería necesario con un mínimo sentido cívico y de responsabilidad con el colectivo, cosa que escasea. Cada vez más nuestras acciones se responden con sanciones en muchos casos abusivas y con un fin recaudatorio e insaciable.

Estamos en un mundo extraño donde los escandalizamos cuando sabemos de un caso de abandono o maltrato animal pero luego somos perezosos a la hora de ocuparnos de sus necesidades. La muerte de Capitán, el perro que desde hace años acudía todos los días al cementerio para acostarse en la tumba de su dueño, fallecido en el 2006, en una localidad de Argentina, ha dado la vuelta al mundo y sido objeto de documentales. Había perdido la vista y apenas podía caminar pero seguía acudiendo a su cita para permanecer al lado de los restos de su amo. Ese es un ejemplo más de la relación que nos une con nuestras mascotas y sólo quien ha tenido perro sabe que la sensación de pérdida cuando se va es enorme incluso comparable , en algunos casos, al duelo humano.

Claro que no se puede hacer tabla rasa, porque la otra cara de la moneda es el maltrato a los animales que tanto nos escandaliza. El código penal protege a los perros frente al maltrato y tipifica como delito las conductas abusivas contra los “animales domésticos y amansados”. Quienes abusen de un perro pueden ser castigados con penas que van entre tres meses y un año de cárcel y ley también contempla la posibilidad de que el maltratador de mascotas no pueda trabajar en ningún oficio relacionado con los perros, durante entre uno y tres años. Un castigo justo para actitudes despiadadas.

Si efectivamente nos hemos dotado de legislación para evitar los abusos ¿por qué es tan difícil asumir una responsabilidad plena cuando decidimos tener mascotas? La medida de identificar el ADN afectaría en Madrid a 281.339 perros según el censo municipal a cierre de 2017, y su coste ronda entre los 35 y los 50 euros, en función del laboratorio por lo que al final tener una mascota va a terminar por ser un artículo de lujo. En Málaga, uno de los últimos municipios que pusieron en marcha el censo canino obligatorio basado en el perfil genético, la prueba está subvencionada para los desempleados, lo cual tiene su lógica no vaya a ser que con tanta prohibición y tanta multa al final sólo sean las élites quienes se puedan permitir los gastos de manutención salud y protección de las mascotas.

Sea como fuere, atrás, muy atrás, quedaron los tiempos felices del prohibido prohibir porque al menos yo cada vez tengo más la sensación de que nos multan por todo y nos controlan todo. ¿Será sólo por así la condición humana o para manejarnos al antojo de los que mandan? ¡Menudo plan!