Aforados y... aforados

Cuando el presidente del Gobierno, delante de la sociedad civil y al hacer balance de sus 100 días de gobierno, anunció una reforma exprés de la Constitución para quitar los aforamientos y no dio detalles -salvo que lo haría en un par de meses- surgieron muchas dudas. De hecho los asistentes al acto, organizado “ad hoc “ en la Casa de América, echaron de menos una explicación completa sobre el asunto y fue el comentario recurrente en los distintos corrillos. Así cuando terminó su intervención los periodistas que estábamos allí nos acercamos a los ministros -asistió el Ejecutivo prácticamente en pleno- para preguntarles cómo, cuándo y a quiénes afectaría, pero la respuesta casi unánime fue: "No se sabe aún. Habrá que desarrollarlo y pactarlo con los grupos parlamentarios".

Y el asunto era ese precisamente, que no se sabía, pero se daba por hecho que los grupos parlamentarios, que en su práctica totalidad se habían mostrado a favor de quitar lo que muchos consideran un privilegio, no pondrían objeciones. ¡Gran error! La medida, finalmente, entendida como un señuelo para intentar pasar página de una semana negra en Moncloa con el asunto de la tesis doctoral, la dimisión de la ministra Montón o el "donde dije digo, digo Diego" de la venta de bombas a Arabia Saudí, ha tenido lo que muchos denominan un “efecto rebote”.

El PNV aprovechó una moción de Ciudadanos sobre el tema, que se votaba horas después del anuncio de Pedro Sánchez en el el Congreso, para solicitar que el aforamiento se quitara no sólo a diputados, senadores y ministros sino también a la familia real y a esta petición se unieron los socios de Sánchez. En resumen, que lo que iba a ser una jugada perfecta tuvo el efecto indeseado de que los socialistas sumaron su voto al de PP y C,s en vez de con sus aliados.

"Cuando sueltas una liebre, la liebre ya corre sola y puede salir en la dirección que no quieres", ironizó en los pasillos Joan Baldoví y no le faltaba razón. Además en este asunto la liebre está coja porque solo se quitarán los aforamientos a los políticos y ¡ya veremos! porque todavía no entiendo cómo se puede separar lo que realizan pública o privadamente sin entrar en conflictos en muchos casos. Sea como fuere en España hay actualmente 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto pertenecen a instituciones del Estado y de las  Comunidades Autónomas, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc. Estas cifras, se mire por donde se mire, son una barbaridad máxime teniendo en cuenta que en la mayoría de los países europeos o no existe esa figura o está muy tasada. Claro que en determinados ámbitos se necesita una especie de protección para que acudir los tribunales no sea simplemente una argucia, pero de ahí a que sea algo generalizado va un trecho y grande. Que haya aforados de todo tipo y condición, es simplemente una exageración y además lleva a algunos a creerse inmunes a cualquier actividad.

El debate sobre si debe quitarse el aforamiento al Jefe del Estado no es nuevo, se planteó tras la abdicación del Rey Juan Carlos, pero aquello quedó en agua de borrajas. Somos un país de extremos, de blanco y negro, de todo o nada y casi siempre y, también en este caso, en el sentido común y el equilibrio está la clave. De hecho en su día el asunto que se planteó es que aunque el Rey no cometiera nunca ningún tipo de delito sería factible que algunos aprovechando la indefinición en un asunto de tal calado intentaran llevarle ante los tribunales por otro tipo de intereses. Puede haber un riesgo cierto de que desde algún sector antimonárquico se intente abrir alguna causa contra el Rey para minar la  institución y de ahí que muchos, incluido el Gobierno no quiera que el Rey se quede a la intemperie legalmente hablando.

Si yo pudiera elegir sin duda eliminaría la figura del aforado para la mayoría de quienes ahora lo tienen porque aunque inicialmente se contempló como una forma de impedir las vendettas y proteger a los servidores públicos, de distinto tipo, al final se ha visto más como un privilegio añadido a los que que ya tienen la clase dirigente de este país. Eliminarlo para los políticos es una cosa y hacer tabla rasa otra muy diferente porque hay aforados y aforados y deben hacerse distingos.