El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quiere marcharse de la región
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM), Vicente Rouco, se postula como candidato a magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la plaza que ha dejado vacante José Manuel Soriano tras cumplir los 72 años y pasar a la jubilación, según una información publicada en Confilegal. Según el diario digital, la postulación de Rouco a este puesto ha sorprendido mucho en el seno del Consejo General del Poder Judicial porque era de todos sabido que la aspiración del presidente del TSJ-CLM era la de ocupar plaza de magistrado generalista en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Rouco mantiene una magnífica relación con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, expresidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Cuando todavía no se conocía que iba a aterrizar en esa cartera, se especuló con que la también abogada del Estado podía convertirse en ministra de Justicia y podría llevarse para su equipo a Rouco, lo que induce a pensar que ahora también puede contar con su apoyo en este intento de llegar al Supremo. El nombramiento de Rouco como presidente del TSJ-CLM fue impugnado por el magistrado Fernando Presencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hace más de medio año. Una decisión que está todavía pendiente del fallo final, según Confilegal.
27 candidatos
No estará solo Rouco en la disputa por este puesto, pues nada menos que 27 candidatos ya se han manifestado interesados en acceder a la plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo. Dos magistradas de la Audiencia Nacional se proponen para ocupar la plaza de la Sala de lo Penal: Clara Bayarri, destinada en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, y Manuela Fernández Prado, en la actualidad en la Sección Primera de esa misa Sala. También lo solicitan Gemma Gallego, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que su compañera de destino, María Catalina Alhambra, que cumple servicio como tal en la Sección 30 de ese mismo órgano judicial, al igual que María Pilar Rasillo López, destinada en la Sección 29. Desde Valencia se propone María Dolores Hernández Rueda, magistrada de la Audiencia Provincial de esa ciudad, Y desde Madrid, Susana Polo, magistrada del TSJ de Madrid.
Los hombres son: Carlos Álvarez Fernández, destinado en la Sección 3 de la Audiencia Provincial de León; José Marino Ballesteros, destinado en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid; Manuel Caballero-Bonald, magistrado de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Málaga; Miguel Ángel Encinar del Pozo, destinado en el Juzgado de los Penal 18 de Madrid, en la actualidad en el Gabinete Técnico del Supremo; José Ramón González Clavijo, magistrado de la Audiencia Provincial de Salamanca; Eduardo Luis González del Campillo, actualmente en el Juzgado de lo Penal 1 de Toledo; Juan Pablo González, magistrado de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, actualmente en comisión de servicio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ángel Hurtado, magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Luis Francisco de Jorge Mesas, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y exjuez de Enlace de España en Marruecos; Enrique López, magistrado de Apelación de la Audiencia Nacional; Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid -y autor del borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el gobierno del PSOE-, al igual que Vicente Magro Servet, este último destinado en la Sección Primera. También se encuentra entre los aspirantes Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona.