¿Los empleados de qué entidad intervenida por la Junta llevan dos años sin cobrar?

La Cámara de Comercio de Guadalajara es una de las pocas que no van a sobrevivir a la decisión del antiguo gobierno del socialista Zapatero de cambiar la ley para impedir que fuera obligatoria la cuota de las empresas para sostener a este tipo de instituciones. La intervención de la Cámara alcarreña por parte de la Junta tampoco ha servido para enderezar su rumbo y recuperar su actividad en la línea que han seguido el resto de cámaras de la región, unas con mayor fortuna que otras. 

Ahora se impone la liquidación definitiva de la Cámara guadalajareña, que según el PP se va a llevar a cabo durante este mes de agosto "de tapadillo" y después de que la Junta haya estado más de dos años como responsable de la entidad, "un periodo de tutela en el que ha sido incapaz de pagar a los empleados", denuncian los "populares".

Lo ha hecho el diputado regional del PP, Lorenzo Robisco, coincidiendo con el final del proceso de adjudicación abierto hace unos meses por la Consejería de Economía para contratar los servicios profesionales que se hagan cargo de la liquidación y extinción de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara. El precio de esta licitación está fijado en 100.000 euros, a los que habría que añadir otros 21.000 euros del IVA. 

“La ‘broma’ nos sale bien cara”, lamenta Robisco, que reprocha al Ejecutivo regional su actitud en todo este proceso. “Page sí tiene dinero para pagar  al ‘enterrador’ de la Cámara de Comercio, pero no para pagar a los empleados que hasta ahora dependían de la entidad, y que llevan sin cobrar dos años, salvo algunos pagos a cuenta, poniéndoles en una situación muy complicada que obligó a dos de ellos a tomar la decisión de marcharse”.

El diputado popular por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, denuncia “el abandono” de Page a estos trabajadores, y también la falta de interés por la situación de la Cámara de Comercio de Guadalajara, a pesar de ser el máximo responsable de su ‘tutela’, asegurando que “lo único que quiere es echar el cierre definitivo pagando para ello más de cien mil euros que saldrán de los bolsillos de los castellano-manchegos”.

Además, Robisco apunta que la necesidad de contratar estos ‘servicios profesionales’ se basa en un ‘escueto’ informe que justificaría la insuficiencia de medios  personales y materiales,  y la contratación de los servicios profesionales para la liquidación de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Es un asunto que traerá cola.