El sindicato CSIF ha denunciado la creciente "complejidad y dificultad" en las justificaciones de los proyectos nacionales, especialmente en las convocatorias del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). Esta queja es compartida por los Vicerrectores de Investigación y la Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), y afecta especialmente a la Universidad de Castilla-La Mancha, institución académica con graves problemas de financiación y que sigue a la espera de la firma del contrato-programa con la Junta de Comunidades.

CSIF informa en un comunicado que los proyectos nacionales de investigación "son un pilar fundamental en el desarrollo científico español ya que permiten financiar las diferentes líneas de los grupos de investigación, generan la posibilidad de adquirir equipamiento y realizar contratos laborales, posibilitan asistir a congresos científicos y producir publicaciones técnicas".

Los proyectos nacionales, imprescindibles

 Además, continúa la nota, "los proyectos nacionales son imprescindibles para todo el personal docente e investigador de las universidades españolas, puesto que son condición sine qua non para la acreditación a profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad. Hay que recordar que la investigación dentro de las universidades supone más del 60% de la investigación del país".

"CSIF no se opone a que los proyectos sean auditados, fiscalizados y evaluados, ya que el Personal Docente e Investigador es consciente de que están financiados con fondos públicos y que se debe rendir cuentas del mismo. El problema estriba en la forma en que se están llevando a cabo estas auditorías, donde auditores externos muestran un claro desconocimiento sobre el funcionamiento de la investigación científica y sus métodos", añade el comunicado.

El sindicato ha indicado que "los proyectos nacionales están sometidos a una evaluación científico-económica anual donde se detallan los gastos y resultados alcanzados durante el proyecto. Además, al finalizar el proyecto se vuelven a detallar dichos gastos. Esta evaluación considera tanto resultados técnico-científicos, como la justificación de gastos económicos llevados a cabo. Parece redundante y extemporáneo que, cinco años después, se realice una evaluación por agentes externos al Ministerio y ajenos al mundo científico, donde se penalizan los abonos con el 8% anual, lo que da una imagen de que estas auditorías externas tienen un mero carácter recaudatorio".

CSIF ha planteado ante la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (se adjunta escrito presentado) y ante el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que las auditorías externas se realicen inmediatamente después de la finalización del proyecto y no casi cinco años después, cuando está a punto de prescribir. Este cambio redundaría en beneficio de ambas partes puesto que la documentación del proyecto estaría localizada y resultaría más fácil la comprobación de facturas y pagos.

Otras propuestas pasan porque, en los supuestos en que la gestión económica del proyecto sea tan diligente como para que quede un remanente del mismo, "la única consecuencia para el Investigador Principal sea la devolución de dicha cantidad, eliminándose la penalización del abono del 8% del interés del remanente presupuestario a fecha de auditoría del proyecto".

Por último, CSIF denuncia que la forma y métodos con los que se realizan estas auditorías externas generan un escenario de continua sospecha sobre los investigadores lo que provoca un ambiente de frustración y desánimo que les lleva a plantearse la renuncia a optar a cualquier proyecto de este tipo.