La Junta han aumentado un 25,4% las plazas residenciales con financiación pública
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado en esta legislatura a más de 2.800 personas mayores a plazas residenciales con financiación pública, según ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que este lunes ha visitado la residencia para personas mayores 'Las Pocitas del Prior', en Puertollano.
La consejera ha señalado que en los 24 meses de actual Ejecutivo autonómico hay 1.676 personas mayores en situación de dependencia en plaza residencial pública (un 17 por ciento más) y que otras 1.178 personas disfrutan de una prestación vinculada a servicio para el pago de una plaza residencial, un 69 por ciento más que al inicio de la legislatura, ha informado la Junta en nota de prensa.
En total 2.854 personas más en situación de dependencia disfrutan de una plaza con financiación pública en Castilla-La Mancha desde que gobierna Emiliano García-Page, un 24,5 por ciento un más, ha indicado.
Aurelia Sánchez ha añadido que Castilla-La Mancha es, tras Cantabria, la comunidad autónoma que más personas atiende en residencias con financiación del Sistema de Dependencia. Más del 30 por ciento de los beneficiarios de Dependencia disfrutan de una plaza residencial con financiación pública, que son las que mayor esfuerzo económico requieren de las arcas públicas.
La Residencia 'Las Pocitas del Prior' es de titularidad pública del Gobierno regional y es gestionada mediante un sistema asistencial de gestión directa. Dispone de 222 plazas, de las que 108 están ocupadas por personas mayores con grandes necesidades de apoyo. Durante 2016 ha recibido una inversión de 60.000 euros para el mantenimiento de ventanas y mejora de la accesibilidad en la tercera planta.
Esta residencia no tenía Servicio de Estancias Temporales hasta que en junio del 2016 se empezaron a ofertar tres plazas de estancia temporal. Actualmente están ocupadas dos plazas por una baja reciente. Estas plazas se cubren con gran rapidez por ser muy demandadas por la ciudadanía para recuperaciones posthospitalarias o circunstancias temporales de las personas mayores que las ocupan.