El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este miércoles la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, una norma que pretende mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La ley, que fue aprobada en las Cortes regionales el pasado 1 de septiembre y entrará en vigor en veinte días, tendrá un impacto social "beneficioso" para los ciudadanos, según ha precisado hoy el Gobierno regional en un comunicado.

Supone adaptar la comunidad autónoma al marco normativo estatal tras la entrada en vigor el pasado año de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

 A todas las consejerías

La nueva norma tiene un carácter estrictamente técnico y administrativo y contempla "multitud" de materias, por lo que afecta a "prácticamente" todas las consejerías.

Así, establece las notificaciones electrónicas como medio preferente de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, regula la duración máxima de los procedimientos sancionadores, elevando hasta nueve meses el plazo máximo para notificar la resolución expresa de los procedimientos sancionadores, y el porcentaje de reducción de las sanciones en tales procedimientos.

Dotará de mayor agilidad al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los servicios y prestaciones, y garantizará que las actuaciones de emergencia ciudadana reguladas tengan un carácter prioritario en su tramitación y resolución.

Por otra parte, modifica la Ley de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha (de 1999) para adaptar el sector al modelo de mercado único, y la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) para introducir nuevas figuras, como el aprovechamiento preexistente, y agilizar los instrumentos de planeamiento de los municipios.

También aborda una nueva regulación que otorga "mayor efectividad" al servicio de emergencias 112, garantizando la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos personales de los usuarios.

De este modo, las grabaciones de las llamadas recibidas se conservarán un máximo de dos años, salvo que el incidente esté bajo proceso judicial cuya duración supere el citado plazo, ya que entonces las llamadas se conservarían hasta que existiera una resolución judicial firme.

En resumen, la ley avanza en la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a sus ciudadanos y simplifica el funcionamiento de la Administración regional, mediante una reorganización administrativa y del sector público sectorial, según el Ejecutivo regional.