La Junta subirá en 2018 el porcentaje de contratación reservado a discapacitados

El Gobierno regional aumentará el importe de los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción hasta un mínimo del 8 por ciento del presupuesto del ejercicio presupuestario anterior con el objetivo de favorecer la integración de las personas con discapacidad.

Esta modificación se llevará a cabo tras la reunión que esta semana ha mantenido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, con representantes de la Mesa del Tercer Sector para explicar las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos regionales para 2018.

Según ha informado la Junta en un comunicado, la reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción de un mínimo del 6 por ciento del presupuesto total de la Administración regional para la contratación de diferentes servicios se había establecido en el presupuesto de 2016.

Ahora, mediante una enmienda al presupuesto de 2018, este porcentaje se incrementará hasta un mínimo del 8 por ciento para "avanzar en los principios de solidaridad y conseguir una sociedad más justa a través de la contratación pública", ha explicado el Ejecutivo.

Mesa del Tercer Sector

Ruiz Molina ha trasladado a los representantes de la Mesa del Tercer Sector que uno de los objetivos de las cuentas de 2018 es "avanzar con firmeza en la recuperación del estado de bienestar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", por lo que más del 70 por ciento del presupuesto no financiero irá a gasto social (5.197 millones de euros).

En concreto, el gasto social se incrementa un 3,5 por ciento con respecto a los presupuestos de este ejercicio.

Así, en 2018 aumentará la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad y las del termalismo social y el termalismo terapéutico, habrá más residencias para mayores y personas con discapacidad, más recursos para teleasistencia y ayuda a domicilio y mejorará el transporte social para las personas mayores.

Además, el Plan Integral de Garantías Ciudadanas se incrementa hasta los 143 millones y la inversión en infraestructuras en el ámbito de los servicios sociales crece un 56,2 por ciento.