La consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, señala que para finales de este año o para enero se tendrá el diagnóstico que elabora la UCLM a partir del cual se podrá saber "con más precisión" cuántas personas necesitarán la renta garantizada y el empleo protegido.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, la consejera encargada de coordinar el plan de garantías ciudadanas recuerda que dicha estrategia se divide en tres garantías: la habitacional, la de rentas y la de suministros básicos.

E indica que, para conocer cuántas personas necesitan cada una de ellas, se está elaborando, a través de un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, un diagnóstico de la sociedad castellano-manchega que estará listo "a finales de este año o principios del que viene, en enero".

A través de dicho documento, se podrá saber "con más precisión" cuántas personas "entrarían en el programa de renta garantizada y en el de empleo protegido".

Herranz señala que, en estos momentos, solo se tienen "unas estimaciones generales" a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, que revela que el 7,7 por ciento de la población está en pobreza severa y que, junto con los menores en situación de pobreza, constituyen el colectivo "principal al que se va a dirigir la implantación" progresiva del plan.

Por ello, insiste en que primero se debe saber con precisión a qué población es necesario cubrir y "qué necesidades concretas tienen".

De hecho, apunta que hay "diferencias importantes" en función de las zonas de Castilla-La Mancha, porque no es lo mismo "el Corredor del Henares, que tiene unas necesidades específicas, que la Serranía de Cuenca, que tiene mayor envejecimiento y otros problemas específicos, o Talavera, con una de las tasas de paro más elevada de la región".

También apunta que las capitales de provincia presentan unos problemas "que no se tienen en ámbitos rurales" y que, dentro del mundo rural, el de Ciudad Real "dista mucho" del de Guadalajara.

Comisión en las Cortes regionales

Todas estas cuestiones y las líneas generales del Plan de Garantías Ciudadanas las explicará Herranz en las Cortes regionales, en una comisión que previsiblemente se celebrará la semana que comienza y en la que se tendrá "un tiempo extenso para poder debatir no solo el plan, sino también el aumento presupuestario y cómo va a ser en 2018".

En este sentido, defiende que no interviniera en la Comisión de Economía y Presupuestos que se celebró a mediados de noviembre y en la que los distintos consejeros detallaron las principales partidas de sus departamentos, pues argumenta que la Consejería que dirige "hace una tarea de coordinación" de otras consejerías.

"Compete a cada Consejería detallar el presupuesto y la ejecución presupuestaria y, por ejemplo, la gestión de los planes de empleo corresponde a Empleo y la gestión de la vivienda corresponde a Fomento. No era mi cometido hablar de las gestión de las distintas consejerías, ese fue el motivo principal por el que no intervine", explica Herranz.

El nerviosismo del PP

De este modo, responde a las críticas que lanzó el PP por el hecho de que estuviera presente en la Comisión el día que se detallaron las partidas de la sección presupuestaria de Presidencia pero no tomara la palabra.

También hace alusión a las denuncias del PP cuando dicen que el Plan de Garantías Ciudadanas no es nada nuevo, sino que consiste en reunir partidas que ya estaban en otras consejerías y cambiarles el nombre.

Para Herranz, el PP "tiene una tarea complicada, que es intentar establecer un cierto conflicto en un acuerdo que lo ha puesto muy nervioso" y aunque indica que el "papel" de los populares "es hacer ruido", lamenta que "no todo vale", pues defiende que el plan "tiene como objetivo prioritario dar una respuesta integral y de manera integrada a las necesidades de la población de Castilla-La Mancha".

Y en esa estrategia de "hacer ruido y molestar" sitúa también las peticiones de dimisión que le ha formulado el PP tras la reunión que el vicepresidente segundo del Gobierno regional y secretario de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, mantuvo con el entonces vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en calidad de líder de la formación morada.

"Intentan deslegitimar un objetivo tan importante y tan legítimo para la población, no lo saco de ahí. Pero estamos en Castilla-La Mancha y vamos a proteger a la población de Castilla-La Mancha", concluye Herranz.