El estremecedor dato que demuestra lo 'barato' que sale envenenar animales

De los 8.324 episodios de envenenamiento intencionado a animales entre 1992 y 2013, solo 80 han acabado en sentencia penal condenatoria, un 1 % del total, según han denunciado varias ONG en unas jornadas sobre el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

En estos episodios, que corresponden al último balance realizado por las ONG con datos obtenidos de las comunidades autónomas, murieron intoxicados 18.503 animales, cifra que las organizaciones calculan que representa solo un 10 % de los afectados realmente, que podrían ascender a 180.500 según esta estimación.

Por otro lado, según sus cifras, las resoluciones administrativas relativas a este tema tampoco alcanzan el 2 %. Es decir, de los 6.925 casos de envenenamiento registrados entre 2000 y 2013, solo hubo 81 resoluciones sancionadoras por esa vía, que puede conllevar entre otras medidas el cierre de cotos de caza.

Con respecto a ese alto grado de impunidad, el teniente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia de la Civil (Seprona) Luis Fernando Solanas ha explicado la dificultad de identificar a los envenenadores por la falta de testigos o la inaccesibilidad del terreno, entre otros factores.

El teniente ha detallado que este tipo de investigación requiere "parámetros parecidos a los de un homicidio", por lo que siempre son deseables más medios y ha mencionado la falta de personal para este trabajo, destacando la labor fundamental de las patrullas caninas, que no están disponibles aún en todas las Comunidades Autónomas.

6 águilas intoxicadas en Ciudad Real

Durante la jornada se ha hecho hincapié en los delitos contra especies en peligro de extinción como 150 milanos reales envenenados en Navarra o las 6 águilas reales intoxicadas en Ciudad Real, caso sancionado con 360.000 euros, la mayor responsabilidad civil por un delito contra el Medio Ambiente hasta la fecha.

Por su parte, Miguel Aymerich, subdirector general de Medio Natural del Ministerio, ha defendido la necesidad de fomentar medidas preventivas de concienciación y de promover entre ganaderos y agricultores "acciones legales alternativas" al uso de veneno antes que aumentar las sanciones.

Las ONG, por su parte, han subrayado la importancia de personarse como acusación particular en los juicios de estos delitos para conseguir mayores cuantías de indemnización, no sólo por el valor del animal, sino por la inversión económica que supone mantener a especies protegidas como el lince ibérico.

La Guardia Civil ha llamado a la participación ciudadana para perseguir el envenenamiento intencionado, tipificado en el Código Penal con penas de hasta 2 años de prisión, que también afecta a animales domésticos, especialmente perros y gatos.