La comunidad de Castilla-La Mancha debería incrementar en 63 millones de euros anuales su presupuesto destinado a servicios sociales teniendo como prioridad la ampliación de la cobertura e "intensidad" de las rentas mínimas de inserción, donde la región está "muy por debajo" de la media estatal.

Esta es una de las recomendaciones del Índice DEC 2017 (Desarrollo de los Servicios Sociales) que elabora la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de 30 indicadores, como la cobertura de servicios, el gasto por habitante y los derechos que reconoce cada autonomía en el Sistema Público de Servicios Sociales.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, la asociación ha reconocido en su informe el "esfuerzo" que están llevando a cabo las administraciones públicas (tanto la Junta como las entidades locales) para "recuperar en parte los recortes de la pasada legislatura", aunque ha animado a seguir en ello porque todavía no se han alcanzado las cifras de 2011.

De hecho, sería necesario incrementar un 31 por ciento sus presupuestos y contar con 63 millones de euros más al año para servicios sociales teniendo como prioridad la ampliación de la cobertura e "intensidad" de las rentas mínimas de inserción, donde Castilla-La Mancha está "muy por debajo" de la media estatal.

Según la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sin esta ampliación en las rentas mínimas de inserción los servicios sociales de la región "seguirán en riesgo de convertirse en gestores de ayudas específicas para cada necesidad, lo que conlleva un tinte asistencialista y burocratizador del sistema".

Las rentas mínimas solo cubren al 2,5 por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza y no han tenido una evolución positiva entre 2013 y 2015 (a falta de los datos de 2016 y 2017) sino "un empeoramiento".

Sistema de atención a la dependencia

En cuanto al sistema de la atención a la dependencia, en la región alcanza al 9,4 % de los potenciales beneficiarios y los desatendidos han bajado del 38,9 % en 2016 al 24,6 % en 2017.

También ha mejorado el número de plazas residenciales para mayores (del 4,03 % en 2013 al 4,6 %) y el servicio de ayuda a domicilio, que ha subido del 3,4 % de cobertura en 2013 al 4,2 % en 2015 (por encima de la media nacional).

Otro reto del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha es desarrollar la Ley de Servicios Sociales, especialmente con el catálogo y el plan estratégico.

Además, Castilla-La Mancha debe mejorar las estructuras básicas locales de su Sistema Público de Servicios Sociales cuya dotación es de un profesional por cada 2.759 habitantes, que ha mejorado respecto a años anteriores pero todavía está por debajo de la media estatal (que es un profesional por cada 2.436 habitantes).

Castilla-La Mancha ocupa el puesto 7 en la clasificación de las comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de su sistema de servicios sociales, con una puntuación de 5,4 que son cinco décimas más que en el anterior informe.

El Índice DEC 2017 también ha apuntado que el principal desequilibrio de la comunidad autónoma es la baja cobertura en relación con el gasto, lo que la convierte en una de la regiones menos eficiente en la gestión de sus servicios sociales.