El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "satisfecho" de que el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2018 "se vaya a aprobar mañana" y con él acabe un año de "tortura" desde el punto de vista institucional.

Durante una rueda de prensa tras la firma de convenios con los presidentes de las diputaciones de Albacete y Toledo, García-Page ha señalado que 2017 ha sido un año en el que "se han visto episodios muy difíciles de entender en relación con los presupuestos".

No obstante, ha afirmado que lo importante no es cómo empieza un año sino cómo acaba, y en este sentido ha manifestado que 2017 va a terminar "con la mejor noticia que puede tener una administración y una sociedad, que son dos presupuestos en un año".

En cuanto a 2018, el presidente de la Junta de Comunidades ha avanzado que será un año "expansivo y ambicioso en sanidad, en educación, en prestaciones sociales, en inversión pública y en recuperación de empleo".

"El presupuesto de la comunidad va a ser un acicate más para empujar en la racha de enorme crecimiento económico y social que está teniendo Castilla-La Mancha", ha recalcado García-Page, quien ha apuntado que el dato de inversión extranjera así lo pone de manifiesto.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que mientras la inversión extranjera ha caído el 75 por ciento en Cataluña, en Castilla-La Mancha ha experimentado un incremento del 852 por ciento, convirtiéndose en la comunidad autónoma que va a la cabeza en inversión extranjera.

Conversaciones con empresas

Ha confiado en que este dato seguirá creciendo sobre todo por las conversaciones en marcha con empresas, que le llevan a afirmar que "Castilla-La Mancha se está convirtiendo en un buen contenedor de empresas".

Asimismo, el presidente regional ha manifestado que con el presupuesto de 2018 la comunidad va a "subir al menos cuatro o cinco escalones en la reconstrucción", y se ha mostrado convencido de que están en condiciones de trabajar ya en el presupuesto de 2019 con el objetivo de "apuntalar y blindar los servicios públicos".

"Queremos plantear que los servicios públicos actuales estén a salvo ante cualquier inclemencia política o ventolera que pueda venir en España a la vuelta de unos años", ha subrayado.