La diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha asegurado este martes que su partido está dispuesto a "llegar hasta el final" con respecto a las listas de espera sanitarias y ha avanzado que podrían llevar este asunto a la vía jurídica e incluso a la penal "si es necesario".

En rueda de presa, Alonso ha dicho que van a esperar a conocer el sentido del voto de PSOE y Podemos ante la Proposición No de Ley que su grupo ha presentado, y que ya ha sido admitida por la Mesa de las Cortes, por la que instan al Gobierno regional a que lleve a cabo una auditoría externa de listas de espera y que se encargue de ella una empresa independiente.

Preguntada qué es lo que su formación podría llevar a los tribunales respecto a las listas de espera ha explicado que lo que quieren saber es "cómo puede ser que un documento que es público que se ha elaborado por una administración pública no sea real", algo, ha agregado que "puede tener graves consecuencias políticas y jurídicas en todos sus ámbitos".

Alonso, preguntada sobre si el PP denunciaría a la administración regional por falsear datos, ha dicho que habrá que esperar a como se desarrollan las cuestiones, y ha defendido que "ha quedado acreditado" que las listas de espera "no son ciertas". "Incluso sus socios de gobierno así también lo expresaban antes, pero ahora que son gobierno son traguemos", ha afeado a Podemos.

El PSOE sale al paso

Sobre este asunto, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado que el PP "no tiene legitimidad alguna" para hablar de listas de espera, pues mantienen que son falsas "sin ningún tipo de prueba", y además ponen en cuestión la gestión publica de los profesionales del sector, que son los que las elaboran, acusándoles de mentir.

"Hacen acusaciones graves sin pruebas solo para dar titulares de prensa. Que se lo curren un poco y expliquen de dónde sacan los datos, si es que se los sacan de la manga porque los datos están en el Portal de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha dicho Maestre después de que el PP haya dicho estar dispuesto a "llegar hasta el final" con respecto a las listas de espera sanitarias y haya avanzado que podría llevar este asunto a la vía jurídica e incluso a la penal "si es necesario".

Y es que la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, que ha apuntado que "la historia del PP en la gestión pública es reciente y por ello es fácil recordarles lo nefasta que fue", ha insistido en que "aunque queda por hacer", en materia de listas de espera, el Gobierno socialista ha avanzado la razón por la que ha invertido en profesionales y tecnologías para reducirlas.

El objetivo del consejero

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha defendido que el objetivo del Gobierno autonómico de cara a terminar la legislatura es mantener las listas de espera por debajo de las 100.000 personas y sacar a finales del 2018 la Ley que marcará los tiempos máximos.

"Dar una cifra con la que queremos terminar la legislatura sería un error. Hay un grupo de trabajo de profesionales y gestores dedicado a la lista de espera y queremos sacar a final de este año la ley de tiempos de demora máxima donde se van a marcar los periodos. Ese será el objetivo con el que queremos acabar la legislatura. Mantener por debajo de 100.000 personas la lista de espera sería lo ideal", ha dicho el responsable regional de Sanidad en una entrevista con Europa Press.

 Preguntado sobre la insistencia del Partido Popular en que sea una empresa independiente la que audite las listas, tras precisar que la mejor auditoria es la que hace la población, ha asegurado que Castilla-La Mancha ya está auditada por el ministerio que dirige Dolors Monserrat y es una auditoria externa "estupenda". "La mejor", ha finalizado.