El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, calcula que la región recibe, al año, unos 1.100 o 1.200 millones menos de lo que le correspondería por financiación autonómica y afirma que pedirá una reestructuración de la deuda, para que se concrete cuánto es por infrafinanciación.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Ruiz Molina ofrece algunos datos del estudio que, tal y como adelantó el presidente regional, Emiliano García-Page, ha elaborado el Ejecutivo castellano-manchego para analizar el impacto del actual modelo de financiación autonómica en las cuentas públicas, un informe "sencillo en tanto en cuanto Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas peor financiadas por el actual modelo".

De hecho, calcula que cada año que se retrasa la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, Castilla-La Mancha deja de percibir unos 1.100 o 1.200 millones al año, "por eso la prisa que tiene la comunidad autónoma por culminar un nuevo modelo de financiación que corrija esos desequilibrios".

Y en esa negociación que se debe abrir, Castilla-La Mancha desea hablar "de pasado, de presente y de futuro", expone Ruiz Molina.

En cuanto al pasado, el consejero de Hacienda señala que como la región considera que ha estado infrafinanciada "con este modelo que se diseñó con toda la buena voluntad, pero que se ha visto que ha perjudicado en situaciones de crisis", Castilla-La Mancha propone que se "corrijan los defectos" que ese modelo ha generado en la región.

Propone una "reestructuración de la deuda"

"Si cada año que se retrasa el nuevo modelo, son 1.200 millones de infrafinanciación, significa que parte del endeudamiento que ha tenido esta comunidad autónoma es consecuencia de esa infrafinanciación", argumenta Ruiz Molina, que propone una "reestructuración de la deuda, para diferenciar el endeudamiento que es consecuencia de las decisiones que han tomado gobiernos anteriores de lo que es consecuencia de la infrafinanciación".

Ese cálculo para reestructurar la deuda de Castilla-La Mancha, que según los últimos datos asciende a 14.313 millones de euros, lo debe realizar, según Ruiz Molina, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es el organismo que "hace los cálculos con más base científica".

En cuanto al modelo en sí, Ruiz Molina pide "suficiencia de recursos", es decir, que disponga de las aportaciones suficientes como para hacer frente a las competencias que ha asumido, lo que conlleva también "un reparto equitativo de todos los recursos entre los diferentes niveles de la administración", es decir, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, algo que a su parecer no ocurre en la actualidad.

También solicita "dentro del principio de suficiencia, la nivelación total", es decir, que ante iguales competencias, los ciudadanos de cualquier región puedan recibir los mismos niveles de prestación de servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal o económica que tenga la comunidad autónoma en la que viva.

Modificar la regla de gasto

Y de cara al futuro, Ruiz Molina apuesta por modificar la regla de gasto para blindar los servicios públicos fundamentales y que estos "no estén al albur del ciclo económico".

En este punto, el consejero de Hacienda también critica que el Gobierno central haya decidido congelar las entregas a cuenta para las comunidades autónomas argumentando que no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018, lo que se traducirá en que Castilla-La Mancha reciba 208 millones menos de lo previsto, que son 17 millones menos al mes.

El consejero, que confía en que ese dinero llegará "tarde o temprano", denuncia que la medida "dificulta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria" y reprocha que "no se puede estar por un lado intentando cumplir los objetivos y, al mismo tiempo, que estén cambiando las reglas del juego".

De este modo, recuerda que Castilla-La Mancha elaboró su presupuesto para 2018, ya en vigor, en base a unas estimaciones de ingresos que ahora se han visto reducidas y, aunque afirma que el Ejecutivo castellanomanchego "no está por la labor" de tomar medidas para reducir el gasto debido a esta merma de ingresos, sí ve probable que si no llegan esas aportaciones a final de año, "está claro que la región tendrá que incurrir en déficit".

Con todo, insiste: "Creo que al final llegarán, pero el problema es que nos dificulta enormemente toda la gestión de tesorería de estos meses en tanto en cuanto nos llega menos dinero del previsto".

Y sobre el cumplimiento del objetivo de déficit para 2017, fijado en el 0,7 por ciento, sostiene que ya no es lo que más le obsesiona y recuerda que en 2016, el Ministerio de Hacienda dijo que la región había cumplido, pero "luego con los ajustes de contabilidad nacional, dijeron que no".

En cambio, apunta que "no es tan importante cumplir sino proseguir en la senda de la reducción de la necesidad de financiación", algo que -subraya- está ocurriendo.