Ecologistas en Acción ha documentado un gran número de casos y 30 tipos de situaciones, al menos, en los que la caza impacta de forma muy negativa en las actividades que se desarrollan en el medio natural y rural de las comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha.

En un comunicado de prensa, esta organización ha señalado que, a partir de las denuncias recibidas y de un rastreo documental, ha elaborado un extenso catálogo de afecciones negativas de la caza a todo tipo de actividades económicas y recreativas.

"Actividades productivas y de ocio están en peligro y se ven afectadas por una caza que cada día se lleva a cabo de forma más intensiva y se privilegia ante otro tipo de usos en el medio rural", ha alertado.

Además, "no hay límites temporales", ha ampliado, "pues la caza se practica durante todo el año y en verano con modalidades especialmente peligrosas como la caza nocturna y los recechos".

Los ecologistas han añadido que tampoco hay límites espaciales, pues se caza hasta en los parques nacionales, y que las consecuencias negativas de la caza se extienden por todo el Estado español, figurando entre las más afectadas las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cantabria.

Los impactos documentados más frecuentes son el cierre de caminos y vías pecuarias, mediante barreras físicas o carteles, o medidas disuasorias, como sensores, cámaras o guardería privada.

Se impide, así, el libre tránsito y uso de vías públicas y márgenes de ríos, sobre todo para senderismo, bicicleta de montaña y rutas a caballo, que se extienden por toda España, pero que son especialmente visibles en los grandes cotos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y que ponen en riesgo la integridad física de las personas.

Accidentes

La caza en zonas de seguridad y montes públicos ha dado lugar a accidentes, incluso mortales, de seteros, transeúntes o ciclistas, así como a una innumerable lista de molestias y conflictos, han asegurado.

"Más grave resulta la disposición de cables u otros elementos para cortar el paso de forma abrupta a quien discurra, sobre todo en bicicleta, por senderos y caminos" y, además, "no faltan tampoco agresiones y amenazas de cazadores a personas, sobre todo si llaman la atención a algún tipo de conducta inadecuada por parte de quien porta un arma de fuego".

Los ecologistas han reseñado que se dan casos en toda España, pero que, entre los recientes, los más graves se han registrado en provincias de Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y en la provincia de Toledo.

"La caza tampoco respeta las actividades tradicionales del medio rural, entre ellas la agricultura, ganadería, pesca, apicultura o recolección de setas, entre otras", ha subrayado.

Por otro lado, han señalado que el sector cinegético no respeta los espacios protegidos y sus principios rectores, poniendo en peligro actividades de ecoturismo y astroturismo.

Incluso los parques nacionales se ven seriamente afectados por la caza "con la aquiescencia de las administraciones", y entre ellos han citado los Picos de Europa, Monfragüe y Cabañeros.

Por último, los impactos más novedosos tienen que ver con los daños a animales domésticos acompañados o no de sus legítimos dueños y con la versión cinegética del acoso inmobiliario, que se ve reflejado en las actuaciones de grandes cotos de caza que asfixian pequeños pueblos y caseríos.

Dos ejemplos, han terminado los ecologistas, son el caserío de la Venta de la Inés en Ciudad Real y el pueblo de Villaescusa de Palositos en Guadalajara.