El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles, por segunda vez, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías para el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.

Las comunidades gobernadas por socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es "un paso en la dirección correcta", según ha dicho el vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, quien ha reconocido que le hubieran gustado "más avances" pero ha valorado el "cambio de rumbo" que supone que se atiendan las demandas de las comunidades.

Asimismo, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que el nuevo déficit propuesto por el Gobierno central "no obliga a nadie", por lo que ha pedido a las comunidades autónomas que opten por no utilizar el mayor margen, que no se lo impidan a otras regiones.

Ruiz Molina ha explicado que Castilla-La Mancha ha mantenido su voto favorable a la senda de estabilidad presentada por el Gobierno de España, como ya hizo en la reunión de este órgano del pasado 19 de julio, porque considera que "facilita a las comunidades autónomas llegar al equilibrio presupuestario de una forma más suave".

Respecto a la próxima votación en el Congreso de los Diputados, Ruiz Molina ha pedido a los representantes de Partido Popular y Podemos en las Cortes regionales que insten a sus compañeros de filas a que voten a favor, ya que será la ciudadanía la que se pueda beneficiar de esa mayor capacidad de gasto.

Los datos

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3 por ciento del PIB frente al 0,1 por ciento vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros.

Para 2020, el límite propuesto es del 0,1 por ciento y para 2021 del cero por ciento.

Tras el visto bueno el viernes próximo del Consejo de Ministros, la senda presupuestaria pasará al Congreso donde el pasado 27 de julio fue rechazada por los votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Bildu y Foro Asturias y las abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT frente al único respaldo de socialistas y nacionalistas vascos.

Por ello y para recabar apoyos, el Gobierno ha intensificado las negociaciones con los partidos y esta tarde, tras el Consejo de Política Fiscal, se reunirá con una delegación de Podemos encabezada por el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Polémica en Castilla-La Mancha

Sobre este asunto, el PP de Castilla-La Mancha ha lamentado que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page no haya reclamado "los 1.000 millones de euros que dice que le faltan de financiación a Castilla-La Mancha", y ha insistido en que no debe "plegarse" a los intereses de Sánchez y "elevar la voz" en defensa de los intereses de la comunidad autónoma. 

A este respecto, el diputado regional del PSOE Emilio Sáez ha tachado al Partido Popular de "hipócrita" por exigir más recursos para Castilla-La Mancha pero al mismo tiempo no apoyar la nueva senda de déficit.

En rueda de presa, Sáez ha recordado que si se aprueba la propuesta de déficit y techo de gasto planteada por el Gobierno central, Castilla-La Mancha recibiría 87 millones de euros más que podría dedicar al proceso de recuperación económica emprendido por el Ejecutivo castellano-manchego, ha defendido.

Sin embargo, ha lamentado que cuando el PP tiene la oportunidad de apoyar que la región reciba más millones para dedicarlos a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales, "vota en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", dentro de lo que Saez ha considerado una "estrategia equivocada e hipócrita".