Unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha para ayudar a los dueños de perros de asistencia

PSOE, Podemos y PP se han puesto de acuerdo este lunes en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha para sacar adelante la enmienda propuesta por la ONCE y que sendos partidos habían presentado al Proyecto de Ley de Acceso al entorno de las Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia --PSOE y Podemos de manera conjunta y el PP por su cuenta-- y que propone medidas para ayudar a los usuarios de perros de asistencia a la hora de sufragar los costes de control veterinario y vacunación anual.

Finalmente, los 'populares' decidieron retirar la suya propia y dar su apoyo a la enmienda conjunta de PSOE y Podemos con una transacción.

De las 12 enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, han salido adelante dos --una de ellas transada con el PSOE-- y otra que pide que las personas adiestradoras que prestan servicio en entidades de adiestramiento oficialmente reconocidas y homologadas por cualquiera de las comunidades autónomas, así como las personas educadoras de cachorros que colaboran con las mismas, podrán ejercitar el derecho de acceso al entorno en compañía de los perros de asistencia en formación que tengan asignados.

En declaraciones a Europa Press, la diputada regional del PP Cortes Valentín ha precisado que durante el debate de este lunes su grupo ha retirado dos de las enmiendas y ha dejado vivas ocho para su debate en pleno.

También han salido adelante las dos enmiendas del Grupo Socialista en las que aboga por una mejor aclaración en cuanto a compatibilidad de la legislación en accesibilidad de personas con perros de asistencia que pertenezcan a otras comunidades autónomas y a otros países, y solicita que se acorte "el desarrollo reglamentario" de la ley y que éste sea de 12 meses y no de 18 meses, como se indicaba en el texto inicial.

Por último, Podemos --que había presentado 11 enmiendas-- ha retirado tres y ha visto aprobadas el resto, entre ellas la que recoge que se debe denunciar la pérdida del perro de asistencia en el plazo máximo de 48 horas y no de 72, como marca inicialmente el texto.