Un turbio asunto de Villarejo salpica a un antiguo hombre fuerte de Cospedal en Castilla-La Mancha

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego De Egea, llamará a declarar en calidad de investigados al inspector jefe de Policía Nacional Andrés Gómez Gordo, que ocupó un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, y al ex Director Adjunto Operativo del mismo cuerpo policial Eugenio Pino, en el marco de la investigación de la conocida como 'operación Kitchen'.

Según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas, tanto Gómez Gordo como Pino --que fue hombre de confianza del ministro Jorge Fernández Díaz en la Policía y está procesado en otro juzgado por el caso del pendrive con información sobre la familia Pujol---, serán llamados a declarar previsiblemente a la vuelta de las fiestas navideñas, como también se citará al comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo y al comisario que fuese su socio Enrique García Castaño para profundizar en los detalles de este operativo.

En concreto, el juez está investigando en el marco del llamado 'Caso Villarejo', si todas estas personas participaron en una operación policial encubierta desarrollada a partir del año 2013 por la que con fondos reservados se habría pagado al entonces chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que sustrajese documentación sensible que su jefe pudiera haberse llevado del partido tras ser despedido.

De aquella operación, que no habría tenido tutela judicial, se tuvo constancia a partir de una serie de recibís y pistas de audio intervenidas al propio Villarejo en la 'operación Tándem', que investiga las actividades presuntamente delictivas del expolicía en prisión provisional, sus socios y algunos de sus clientes, y que ya ha generado un total de ocho piezas de investigación separadas por delitos como organización criminal, cohecho, extorsión o blanqueo.

Al hilo de esta nueva línea de investigación, el juez ha llamado ya a declarar al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que debe comparecer en la Audiencia Nacional este miércoles 12 de diciembre en calidad de investigado y responder sobre el presunto encargo de trabajar como confidente de Villarejo y García Castaño para la Policía Nacional, los pagos que habría recibido a cambio y el fruto, si lo hubo, de aquel 'trabajo'.

Después, De Egea comenzará a llamar a los policías implicados en 'Kitchen' con la intención de que la línea de investigación siga subiendo escalafones hasta esclarecer el grado de implicación en el dispositivo de todos los que ostentaban responsabilidades de interés en aquel momento en el Ministerio del Interior, desde los mandos hasta los cargos políticos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

Una operación desclasificada

De momento, los policías, igual que el chófer, podrán hablar sobre el operativo ante el juez pues si bien al ser una operación policial sufragada con fondos reservados está blindada por la ley de secretos oficiales, el Consejo de Ministros acordó la semana pasada levantar el velo, como había solicitado previamente el juez, para permitir que testigos e implicados puedan hablar de ella con libertad en sede judicial.

Se trata de un asunto que preocupa al instructor, según fuentes conocedoras del proceso, porque las preguntas del interrogatorio deberán estar acotadas exclusivamente a la parte del secreto oficial levantada por el Gobierno. Cabe recordar que el propio García Castaño había pedido al juez que solicitase autorización para poder hablar de asuntos que son secreto oficial incluso antes de que se abriese la pieza sobre 'Kitchen', es decir, de actividades que a día de hoy siguen estando protegidas por ese velo.

El 'falso cura', bajo sospecha

De momento, será Ríos el primero en pasar por sede judicial y podría aportar luz sobre otro suceso que el instructor comienza a relacionar con la 'operación Kitchen', el asalto que la mujer de Bárcenas, uno de sus hijos y su empleada de hogar sufrieron el 23 de octubre de 2013, cuando ese presunto operativo policial habría estado ya marcha: Un hombre disfrazado de sacerdote se presentó en el domicilio y les reclamó "los pendrives" del extesorero a punta de pistola.

Fue reducido por el hijo de Bárcenas con ayuda del chófer, que si bien ese día libraba, se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y acudió en auxilio, según él mismo declaró como testigo durante el juicio al 'falso cura', que fue sentenciado en firme a 22 años de prisión y se encuentra encarcelado. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, aún no se han librado diligencias sobre este hombre, pero no se descarta que se le acabe tomando declaración.

Los siguientes en declarar serán el extesorero del PP y a su mujer, Rosalía Iglesias, la última semana de diciembre, según las fuentes jurídicas consultadas, aunque el día aún está por concretar. Lo harán en calidad de testigos del presunto robo, aunque tendrán derecho a llevar un abogado y a no responder a las preguntas porque están siendo investigados en la causa sobre la presunta financiación irregular del PP en otro Juzgado de la Audiencia Nacional y corren el riesgo así, de incriminarse.

Precisamente, estarán llamados justo unos días después de que comparecer ante ese otro juzgado, el número 5, del que es titular el magistrado José de la Mata y que investiga la existencia de una presunta 'caja B' en el PP al hilo de las anotaciones de Bárcenas. El juez, que les ha citado el 21 de diciembre, se ha interesado por la 'operación Kitchen' en tanto que se podría haber sustraído al extesorero documentación relevante para su causa y que quiere recuperar.

De hecho, ha reclamado al Ministerio del Interior que le remita toda la información disponible sobre aquella supuesta operación policial, especialmente ahora que la ha desclasificado. Fuentes consultadas por Europa Press en el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, informaron de que ya se habían hallado los originales de aquellos recibís que Villarejo habría hecho firmar al chófer como justificante de los pagos. Tienen la disposición de remitir toda la documentación al juzgado.