La Asociación de Profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil en Castilla-La Mancha reclama que el anteproyecto de reforma de la ley educativa que prepara el Gobierno central fije unos requisitos mínimos para el primer ciclo de educación infantil y se ajuste a la Convención de los Derechos de la Infancia. 

La presidenta de esta entidad, Carmina Gallego, ha afirmado, en declaraciones a Efe, que estas reivindicaciones se han presentado como alegaciones a ese anteproyecto regulador de la enseñanza por parte de la Plataforma Estatal entre 0 y 6 años. 

De hecho, por la tarde han registrado esas alegaciones ante la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, al igual que van a hacer asociaciones regionales "por una educación digna" en otras comunidades autónomas. 

Carmina Gallego ha explicado que la normativa garantiza unos requisitos mínimos en cuanto a currículum, titulaciones y ratios en el segundo ciclo de educación infantil, algo que no ocurre en el primer ciclo, que cubre de 0 a 3 años y que depende de cada autonomía. 

"La oferta de la administración pública es muy limitada y no cubre todas las necesidades, no es gratuita", se ha quejado la presidenta de esta asociación de profesionales de la enseñanza infantil, quien ha agregado que hay centros "a los que se ven abocados niños de entre 0 y 3 años con menos recursos" que no están regulados, carecen de personal titulado y de propuesta pedagógica y tampoco cumplen con las ratios por alumno. 

En cuanto a las ratios, ha recordado que en Castilla-La Mancha se sitúan en 8 alumnos para aulas con niños de hasta 1 año, 13 infantes por aula si tienen entre 1 y 2 años y 20 para el rango de alumnos que tienen entre 2 y 3 años.

En cambio, ha precisado que la Convención de los Derechos de los Niños establece 4 alumnos para el intervalo de hasta 1 año, 6 niños para 1 y 2 años y 8 alumnos como máximo en cada aula si éstos tienen entre 2 y 3 años. 

Esta situación conduce, en su opinión, a una red educativa de primera y otra de segunda, de modo que pide dar cumplimiento a la Convención de los Derechos de la Infancia según la cual "los estados tienen que garantizar el derechos de los niños a la educación y el bien del menor" y, en ese sentido, "la administración no puede dictar leyes o normativas que no la respeten". 

Además, ha recordado que estas alegaciones se han presentado varias ocasiones con motivo de los cambios que se han desarrollado en las ley educativa por distintos gobiernos y "no se han tenido en cuenta". 

"Pasan los años y seguimos con las mismas reivindicaciones porque el bien del niño está por encima de todo y es la administración la que no tiene esa consideración", ha concluido.