Los agentes medioambientales denuncian favoritismo en Castilla-La Mancha hacia algunas grandes compañías

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado este lunes que la Junta de Comunidades está obstruyendo la tramitación de expedientes sancionadores en los casos de electrocución de aves protegidas, de modo que beneficia a las grandes compañías eléctricas. En un comunicado de prensa, esta asociación ha mostrado su preocupación por este hecho que, según ha apuntado, se demuestra con hechos concretos en toda la región.

Según la APAM-CLM, un funcionario de la sección jurídica encargado de la redacción y tramitación de expedientes sancionadores por casos de electrocución en la Delegación Provincial de Albacete ha sido apartado de la tramitación de los mismos "de forma obligada y no voluntaria como se ha hecho creer desde la Administración".

Además, ningún agente medioambiental de Castilla-La Mancha ha sido designado para formar parte del grupo nacional que forma la red de seguimiento de las electrocuciones de fauna, que está coordinado por el fiscal de Teruel Jorge Moradell y lo integra un representante de cada autonomía aunque hasta ahora Castilla-La Mancha no ha participado en las reuniones, según la asociación.

Los agentes medioambientales también han hecho hincapié en el "escasísimo" número de expedientes sancionadores tramitados con motivo de la electrocución de fauna protegida en Castilla-La Mancha y por tanto "el ínfimo número de resoluciones sancionadoras" que se producen, algo que contrasta con la "enorme cantidad" de casos de muertes de aves rapaces en tendidos eléctricos en la región.

Envío de un oficio

La APAM-CLM ha informado de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha enviado un oficio a todas las comunidades autónomas requiriendo información sobre el número de incidencias con resultado de muerte de fauna por electrocución y colisión, el número de expedientes incoados en aplicación de la normativa de protección medioambiental y si se están realizando inspecciones de tendidos eléctricos.

Esta petición, según el colectivo profesional de agentes medioambientales, se debe a que "se sospecha de ilegalidades en acuerdos verbales entre responsables de la Administración y compañías eléctricas para la paralización de expedientes sancionadores, desmontando iniciativas de formación y apartando funcionarios de su materia".

La asociación está realizando gestiones para averiguar si en Castilla-La Mancha "se están o no paralizando expedientes sancionadores, desmontando iniciativas de formación y retirando funcionarios de su materia para impedir que se tramite ninguna actuación administrativa encaminada a sancionar los daños de electrocución de aves". En el mismo sentido, los agentes han denunciado las "grandes dificultades" que han tenido los organizadores de un reciente curso de formación sobre procedimientos a seguir en el caso de electrocución de aves, que finalmente se celebró.

Según los datos de APAM-CLM, en todo el país mueren alrededor de 33.000 aves electrocutadas, muchas de ellas en Castilla-La Mancha que está considerada una comunidad clave para especies emblemáticas como el águila imperial, el águila perdicera, el águila calzada o el águila culebrera que crían, se dispersan y alimentan en territorio de esta región para aseguran el mantenimiento de las poblaciones.