Denuncian que la Administración no cumple lo que prometió a los huérfanos de violencia de género

La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla han denunciado este viernes que el incremento de las pensiones para los huérfanos de violencia de género aprobado el pasado marzo "todavía no es efectivo" para los casos anteriores a esa fecha.

Lo han puesto de manifiesto durante la presentación del tercer Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos de la violencia machista, que desde 2013 -cuando empezaron a contabilizarse de forma oficial- ascienden a 243 menores, incluidos los 13 niños que han perdido a sus madres por estos asesinatos en lo que va de 2019.

"El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos", ha advertido la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que cree que "los casos nuevos" que ha habido desde que se ha aprobado el aumento de esas pensiones "no tendrán ningún problema".

Por ello, ha reclamado "celeridad" a la Administración y ha instado al nuevo Gobierno que se constituya que este tema "sea una prioridad" para poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.

En este sentido, Soleto no ha especificado hasta qué año deberían revisarse los casos aunque ha remarcado que "hay posibilidades de retroactividad" y que están "a la espera" de que el desarrollo reglamentario de la ley "precise cuáles son las condiciones".

El marido de Soledad Cazorla, primera mujer de Sala contra la Violencia sobre la mujer y promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, ha pedido a la Seguridad Social que "actúe de oficio" a la hora de conceder estas pensiones, de modo que no sean las familias las que tengan que pedir estas ayudas para poder cobrarlas: "Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo", ha dicho.

Soleto ha explicado que con la entrada en vigor de la ley, la cuantía mínima que percibían las familias ha pasado de 197 a 710 euros y ha recalcado que se ha eliminado el obstáculo de acceso que existía para muchas familias, que no recibían ninguna ayuda.

"Se garantiza que no va a volver a haber familias que perciban cero euros del Estado por hacerse cargo de los hijos de sus hijas asesinadas", ha aseverado.

Ha insistido en que todavía quedan "lagunas" y que se debe mejorar el sistema para dar cobertura a los supuestos que no se han incluido dentro de la nueva prestación de orfandad, como son los menores que han sido adoptados o los que el padre está vivo.

Según el avance del informe, desde 2005 se han producido unos 682 asesinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos y que, según ha remarcado Soleto, representan familias que han sufrido un "efecto de invisibilidad" porque "han salido de los circuitos de seguimiento social" y la ausencia de ayudas provoca que desaparezcan.

"No son familias que estén acostumbradas a que este problema tenga una contraprestación por parte del Estado, por lo tanto son familias que se pierden, desaparecen y eso provoca cierta ceguera sobre el problema", ha lamentado.

Respecto a las cifras de los menores huérfanos, el informe señala que en 2013 fueron 42 los niños que perdieron a su madre por la violencia machista, en 2014 fueron 43; en 2015, 51; en 2016, 29; en 2017, 26; en 2018, 39 y en lo que va de 2019 son trece.

También recopila los datos acerca de los huérfanos mayores de edad que suman 168 desde 2013, año en el que se contabilizaron 33, mientras que en 2014 fueron 51; en 2015, 27; en 2016, 31; en 2017, 26; en tanto que en 2018 y este año no ha habido ninguno.

Además de la entrada en vigor de la ley que mejora las pensiones de orfandad, Soleto ha destacado que Castilla y León, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha han aprobado distintas medidas económicas destinadas a los huérfanos de la violencia machista.

También ha subrayado la necesidad de aprobar exenciones fiscales para estas familias, que las ayudas económicas que perciban estén exentas de tributación y que se revisen las obligaciones fiscales asociadas al patrimonio o la herencia de los huérfanos, así como los procedimientos de liquidación de esas herencias.

Y ha reclamado celeridad a la Justicia a la hora de resolver medidas sobre la tutela de los menores, además de facilitar mayor información a las familias sobre los procedimientos judiciales y las condiciones de cumplimiento de condena.

En cuanto a la actividad del Fondo, desde que comenzó hace tres años, se han tramitado un total de 32 ayudas a los huérfanos de la violencia de género, por un importe que asciende a 52.535 euros, de los que se benefician un total de 16 familias, con 19 menores de edad y 6 mayores de edad.