Éstas son las diez personas elegidas para dirigir una de las empresas públicas más potentes de Castilla-La Mancha

La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha constituido este jueves el Consejo de Administración que gestionará la actividad de este organismo público, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, durante los próximos cinco años y que estará presidido por el guadalajareño Mariano Teruel.

En un acto celebrado en la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible y que ha estado presidido por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se ha nombrado al nuevo equipo, formado por el presidente y nueve vocales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De este modo, acompañarán a Teruel en la administración los vocales Fernando Marchán Morales, viceconsejero de Medioambiente; Maria Mercedes Gómez Rodríguez, secretaria General de la Consejería de Desarrollo Sostenible; Manuel Guirao Ibáñez, director general de Transición Energética; Rafael Cubero Rivera, director general de Medio Natural y Biodiversidad; Alipio García Rodríguez, director general de Cohesión Territorial; Isidro Hernández Perlines, director general de Presupuestos; Emilio Puig Cabello, director General de Protección Ciudadana; Eduardo del Valle Calzado, director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social; y Andrés Gómez Beteta.

El presidente, Mariano Teruel, natural de la localidad de Checa, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla. Destaca por su amplia carrera política como delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente en Guadalajara y por haber dirigido la Delegación de Obras Públicas, en los años 90. También desempeñó varios cargos en Tragsa en esa misma época.

La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha cuenta entre sus competencias con las materias de prevención y extinción de incendios, la gestión integral de los residuos, el desarrollo territorial, la gestión y explotación de actividades económicas vinculadas con los recursos o valores medioambientales, así como la prestación de servicios públicos en la región relativos a la conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural.