La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha acordado con las comunidades autónomas que los trabajadores de servicios sociales pasen a tener la consideración de "servicios esenciales" para que estos servicios "puedan garantizarse al conjunto de la población, en particular, a la población más desfavorecida".
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial, que ha tenido lugar este viernes 20 de marzo, de forma telemática. También ha indicado que flexibilizarán las cualificaciones del personal para los servicios sociales, para que puedan reforzarse las contrataciones.
Preguntado sobre si se ha acordado un criterio único y de mínimos para la atención a mayores y personas con discapacidad en todas las comunidades, Álvarez ha contestado que este viernes se ha cursado una orden de Sanidad donde se recogen instrucciones para el conjunto de las administraciones en estos casos "que son de obligado cumplimiento".
Sobre cuándo se prevé que estén medicalizadas todas las residencias de mayores en España, Álvarez ha dicho tener constancia de que Sanidad está trabajando en una "rápida" medicalización y ha añadido que, "a medida que se van detectando situaciones de necesidad, se van a ir produciendo en los próximos días".
Respecto al número de personas que han fallecido con coronavirus en residencias en España, el secretario de Estado ha señalado que son cifras que los centros remiten a sus Consejerías de Sanidad y que, por lo tanto, es el Ministerio de Sanidad "quien debe de informar como está puntualmente haciendo".
De este modo, Álvarez ha asegurado que los servicios sociales "se pondrán entre las prioridades para el reparto de equipos de protección individual (EPI), y las residencias de personas mayores entre ellos", en cuanto estén disponibles en las comunidades autónomas.
Al pie del cañón
En la comparecencia, el director general del IMSERSO, Luis Barriga, ha señalado que desconocen cuántos trabajadores están de baja en el sector de los servicios sociales, pero ha hecho un llamamiento a todos ellos "para que continúen al pie del cañón, a pesar de la inmensa dificultad que hay en este momento".
Además, ha asegurado que Gobierno y CCAA han barajado "distintas posibilidades" para implantar la necesidad de que se haga el test del coronavirus a todo el personal que está prestando la atención en los Servicios Sociales.
"Es uno de los asuntos más debatidos en este Consejo, efectivamente, somos plenamente conscientes de dos necesidades básicas en este momento: los equipos de protección y las pruebas para ver si hay infectados", ha precisado el director general del IMSERSO.
Por su parte, el director general de Discapacidad, Jesús Celada, ha explicado la instrucción de Sanidad en la que se permite que las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como las personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, "pueden realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio" del coronavirus.
Celada ha trasladado el mensaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que en estos casos salir a la calle es una terapia temporal permitida y que, por tanto, "no tienen que ser sancionadas". Además, ha indicado a las familias que se trata de algo "excepcional", ya que es "prioritario" permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus.