La crisis sanitaria y social generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto más aún la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las cerca de 2.000 personas que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha junto con las víctimas de trata, quienes se están topando con bastantes trabas burocráticas para poder solicitar ayudas de emergencia, según ha denunciado la Asociación In Género.

Dicha ONG, según ha afirmado en una nota de prensa, ha podido comprobar cómo a estas personas se les ha llegado a requerir hasta 6 documentos (empadronamiento, tarjeta de demanda de empleo, certificado de vida laboral, etc.) para gestionar una ayuda de emergencia de alimentos. Además, critican que, "inexplicablemente y de forma directa", se excluye de las mismas a las personas en situación administrativa irregular. Por ello, reclaman que la ayuda de emergencia sea "más inclusiva, fácil de gestionar y eficaz".

Además, han mostrado su preocupación debido a que "el colectivo se puede ver obligado a ejercer la prostitución de forma clandestina en pisos, poniendo su salud en riesgo y las de otras personas, para poder cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias".

Asimismo, recuerdan que "la mayoría de estas personas viven en los lugares donde ejercen la prostitución, por lo que, con el Estado de Alarma, muchas han tenido que quedarse dentro de los clubes cerrados al público con el permiso de sus dueños y pagando una cantidad diaria (que ronda los 10 euros por comida y alojamiento)". "Las alternativas residenciales han sido complejas de conseguir puesto que la administración competente carecía de recursos suficientes y los que había estaban prácticamente ocupados por otras mujeres que, siendo víctimas de violencia también, tenían más prioridad que nuestro colectivo", añaden desde In Género.

"Sin duda, esta crisis ha puesto sobre la mesa la invisibilidad de este colectivo en la sociedad y la falta de capacidad de defensa de sus derechos públicamente", finaliza la nota de prensa.