La Junta destina casi 20 millones de euros a material de emergencia en centros de Sanidad y Bienestar Social

El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento las declaraciones de tramitación de emergencia de diferentes contratos realizados entre el 14 y el 24 de abril por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y por la Consejería de Bienestar Social que suman 19,2 millones de euros, una cifra que se incluye en los 152 millones adicionales destinados a la lucha contra el COVID-19.

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, quien ha destacado que "se trata de un gran esfuerzo que continuará en los próximos días y semanas, porque tenemos muy claro que hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para combatir esta pandemia con efectos desde el punto de vista sanitario, social y económico".

En el primero de los casos, se trata de un paquete de 39 contrataciones con cargo a los Servicios Centrales del Sescam. En total 18,3 millones que han permitido reforzar el sistema sanitario castellano-manchego con nuevos equipos de radiología portátil, equipos de ventilación no invasiva y respiradores invasivos, más de 2,8 millones de mascarillas, 30.000 gafas protectoras, más de 180 camas articuladas, caudalímetros, desfibriladores, test rápidos, así como diverso material sanitario de otra índole.

"Hablamos de un material que han utilizado las y los profesionales de hospitales y centros de salud en el desempeño de la gran labor que llevan haciendo durante casi dos meses de forma extraordinaria, un esfuerzo sobrehumano que no nos cansaremos de reconocer".

Del mismo modo, Fernández ha dado cuenta de las contrataciones de emergencia llevadas a cabo entre los días 19 de marzo y 24 de abril por la Consejería de Bienestar Social con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata de un contrato especial que asciende a 1.159.401 euros aprobado para beneficiar a todos los usuarios y personal laboral de los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha, especialmente los centros de titularidad pública de la Junta de Comunidades, y para ello, desde la propia Consejería de Bienestar Social "se ha dotado a los centros socio sanitarios en la medida de lo posible y a la mayor brevedad del material teniendo en cuenta el desabastecimiento general que ha existido".

Con ese dinero, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha podido habilitar 40 plazas residenciales para atención COVID-19 en la Residencia 'Santo Cristo de Sahuco', de Peñas de San Pedro (Albacete), suministrar material de protección a las plantillas de los centros dependientes de Bienestar Social, entre los que destacan mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, N95 y desechables, gel desinfectante y gel hidroalcohólico, guantes, batas quirúrgicas reutilizables e impermeables, buzos, gorros, gafas, viseras protectoras y suministro de diversos equipos de protección sanitaria.

Estos acuerdos, ha recordado la portavoz, se sustentan en el estado de alarma, y más concretamente en el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprobaron medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis del COVID-19, que estableció la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sector público para hacer frente al citado coronavirus.

Recursos de acogida

De otro lado, durante el Consejo de Gobierno también se ha informado de varios expedientes aprobados con tramitación de emergencia para poner en marcha una campaña de difusión --por 40.000 euros-- en medios de comunicación para informar acerca de los teléfonos de consulta y urgencias ante casos de violencia de género, la puesta en funcionamiento de un servicio de acogida urgente para atender casos de violencia de género y la prórroga del servicio psicológico para mujeres víctima de violencia de agresiones y abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja o ex pareja, que atiende a casi 60 mujeres.

En este contexto, se ha referido a la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este lunes, donde como consejera de este ámbito pidió al Ministerio mayor agilidad en el pago de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19, algo a lo que la titular de este departamento, Irene Montero, "dijo que sí, que se nos va a pagar de manera ágil en cuanto sea posible".

Un dinero --la región recibirá 6,2 millones de euros-- que, según Fernández, es "imprescindible" y "más en este momento" en el que se ha detectado "un 60 por ciento de aumento de llamadas" a los teléfonos 016 y 900100114, demandando ayuda psicológica y "salir de casa". "Los fondos son imprescindibles", ha insistido la consejera de Igualdad.

Visitas a residencias

Finalmente, a preguntas de los medios, ha rechazado que familiares de personas que están en residencias de mayores puedan ir a visitarlos porque, aún entendiendo la "ansiedad" de las familias, "no se dan las circunstancias para abrir esos centros y hacer visitas con seguridad".

"Hay que andarse con mucho ojo, cuidado y prudencia", ha concluido, remitiéndose al Comité Técnico de Seguimiento para abordar la desescalada y la salida de la crisis sanitaria de la región porque será "el que decidirá cuándo y cómo" se adoptan determinadas medidas.