Castilla-La Mancha ya piensa, y así se lo ha solicitado este miércoles al Ministerio de Sanidad, en pasar el próximo lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada, que permitirá lasreuniones sociales de hasta diez personasrespetando la distancia física, laapertura delpequeño comercio y de las terrazas de hostelería (con una ocupación máxima de hasta el 50 %) o el alojamiento en hoteles y alojamientos turísticos sin hacer uso de laszonas comunes.
Desde el Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page se insiste en que la región al completo cumple con los requisitos exigidos para relajar un poco más las medidas de confinamiento pese a ser una de las comunidades más afectadas de España por la pandemia del COVID-19. Dentro de lo que supone una tragedia de esta magnitud hay indicadores positivos para pensar en el retorno progresivo a la "nueva normalidad"... pero otros son ciertamente preocupantes.
Según ha explicado el consejero de Sanidad castellano-manchego,Jesús Fernández Sanz, el Ejecutivo autonómico cimienta su petición de avanzar a la fase 1 o "inicial" en dos hitos relevantes: el promedio del crecimiento de casos de COVID-19 detectados en Castilla-La Mancha es negativo (-12,5 %) y el nivel de contagio de persona a persona ha bajado de 1,4 a 0,5, por lo que la pandemia ha pasado de un proceso de expansión a uno de extinción.
Además, la Junta dice tener la capacidad suficiente como para disponer, en caso de que sean necesarias en un supuesto rebrote de la enfermedad, de 427 camas para pacientes críticos con respirador y de otras 108 sin respirador (2,67 por 10.000 habitantes), mientras que tiene acceso a 8.172 camas ordinarias (40,84 por 10.000 habitantes), ambos indicadores por encima de lo que ha pedido el Ministerio, que considera indispensable para dar el 'ok' que las comunidades puedaninstalar en un plazo máximo de cinco días entre1,5 y dos camas de cuidados intensivos (UCI) y entre37 y 40 camas para enfermos agudospor cada 10.000 habitantes.