El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido la labor que llevan a cabo las rastreadoras para detectar de forma precoz los contagios por COVID-19 y ha destacado que, hasta este miércoles, ya han evaluado a 20.300 contactos en Castilla-La Mancha.

De este modo se ha pronunciado el titular de Sanidad durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, que se celebra este jueves, con motivo del debate general relativo a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno autonómico ante los brotes de coronavirus, presentado por el grupo popular.

Fernández Sanz ha puesto en valor el trabajo que realizan los equipos de seguimiento epidemiológico que, a su juicio, ha permitido que en Castilla-La Mancha haya habido “una respuesta muy precoz” en relación a los brotes detectados, aunque ha instado a “no bajar la guardia”.

Ha dicho que “la mejor actuación es la prevención” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, al tiempo que ha resaltado la importancia de que, en un contexto de recuperación de la movilidad y la actividad social, se tengan localizadas las personas afectadas.

En este sentido, el consejero ha explicado que los equipos de rastreo se encargan de localizar de dónde proviene la infección y de identificar al paciente cero y ha remarcado que “cuanto antes lo consiguen, menos personas se contaminan”.

También ha respondido a las críticas del PP, que ha denunciado el cierre de 200 camas hospitalarias, asegurando que la región está “preparada para el verano” y que “se va a utilizar el sistema, como siempre, de la mejor manera”, a la vez que ha señalado que en este momento hay 38 pacientes hospitalizados por COVID-19 y nueve en unidades de cuidados intensivos.

Por su parte, el diputado del PSOE José Antonio Contreras se ha centrado en el caso de los temporeros de Albacete para denunciar que hay personas “ilegales”, en situación de “pobreza extrema” y de las que se aprovechan las mafias, por lo que ha que incidido en la necesidad de llevar a cabo inspecciones, al tiempo que ha valorado de manera “positiva” el trabajo de los equipos de rastreo, de los que forman parte 427 profesionales.

Si bien, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha abogado por aumentar la capacidad de detección precoz porque, como ha apuntado, hay “un número importante” de rastreadores, pero el número detecciones es “muy corto”.

Además, el presidente del grupo Cs, Alejandro Ruiz, ha focalizado su intervención en la proximidad de la campaña de recogida de la uva y en la “gran inseguridad” a la que, a su parecer, se enfrentan los viticultores, máxime tras lo sucedido en Albacete.

Por ello, en su propuesta de resolución, Ciudadanos pide instar al Gobierno central a realizar un mayor control de las entradas y salidas fronterizas, asegurándose de la sanidad de los migrantes hacia suelo español, e intervenir sobre la llegada de personas en condiciones de ilegalidad, víctimas de mafias y temporeros irregulares en las explotaciones.

En esta línea, el PSOE ha abogado por instar a la Consejería de Sanidad a mantener el esfuerzo de coordinación con la Consejería de Agricultura y los sindicatos agrarios, para mantener la vigilancia sobre los trabajadores de temporada, dada su especial movilidad durante las campañas agrícolas.

De su lado, la propuesta de resolución del PP demanda realizar estudios epidemiológicos de seroprevalencia de la COVID-19 en sanitarios, grupos de riesgo y población en general, así como realizar test masivos a la ciudadanía para la búsqueda de portadores asintomáticos.