La Junta quiere que su ley contra el despoblamiento esté redactada para el mes de septiembre

El Gobierno de Castilla-La Mancha está aprovechando este mes de agosto para mantener "multitud" de reuniones y contactos con el fin de que a principios de septiembre pueda estar elaborado el primer borrador de la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento de la región. El objetivo es que esta ley pueda ser presentada en las Cortes autonómicas antes de que finalice el año.

En declaraciones a los medios el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que una vez elaborado este primer borrador, el texto tendrá que ser enriquecido con muchas propuestas por parte de grupos y entidades que tienen que participar en el proceso de elaboración de esta ley contra el despoblamiento.

Una ley que tiene un carácter integral, según ha explicado Martínez Guijarro, porque aborda todas las cuestiones que están directamente relacionadas con las causas del despoblamiento."Creemos que tiene que ser una ley que tiene que establecer los mínimos que se tienen que cumplir para la garantía de los servicios públicos en igualdad de condiciones frente al medio urbano", ha apuntado.

Por otro lado, ha afirmado, tiene que ser una ley que contemple medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y la generación de empleo como una condición necesaria para que la gente pueda quedarse en los municipios. Una ley -ha continuado el vicepresidente- que venga a resolver algunos de los problemas estructurales que tiene el medio rural en materia de telecomunicaciones. "Creemos que es importante que se garantice la posibilidad de acceder a las nuevas redes de telecomunicaciones aprovechando además la financiación europea que puede venir durante los próximos meses", ha abundado.

Esta ley, ha indicado, debe dotar además de mayor flexibilidad al urbanismo en los pequeños municipios de la región, de tal manera que se facilite la construcción de vivienda.También será una norma que incorporará medidas fiscales que contemplen todas aquellas cuestiones que están directamente relacionadas con la decisión de abandonar los municipios, por ejemplo, analizar la posibilidad de implantar desgravaciones a la vivienda en estos pequeños municipios o incentivos fiscales a aquellas personas que abren negocios en lugares con problemas de despoblamiento.